Caso Progen: Fiscalía vincula a 10 personas más por millonarios contratos
La audiencia de vinculación se instaló este lunes 24 de agosto en la Corte Nacional de Justicia.
La Fiscalía General del Estado vinculó a otras 10 personas al denominado Caso Apagón o Caso Progen, investigación por presunto peculado relacionada con los millonarios contratos suscritos para enfrentar la crisis eléctrica que atravesó Ecuador en 2024.
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La audiencia de vinculación se instaló este lunes 24 de agosto de 2026 en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, con la participación del fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón.
Entre las personas que Fiscalía pretende incorporar a la instrucción fiscal se encuentran José Manuel de Oliveira y Peter Dreher, exasesores del entonces ministro de Energía y Minas encargado, Roberto Luque.
Los otros ocho vinculados ocuparon cargos técnicos o jurídicos relacionados con la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).
En ese grupo constan José Luis Sampietro, Luis Ugsha, Marlon Casilla y Marcos Guerrero, quienes fueron administradores de los contratos correspondientes a las centrales de Salitral y Quevedo.
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También aparecen Cristian Dahik, exsubgerente jurídico de Termopichincha; Daniela Gordillo, subgerenta jurídica; y José Aimara, director de planificación de proyectos.
Los primeros investigados
El pasado 22 de mayo, la Fiscalía formuló cargos contra 21 personas por su presunta participación en peculado, incluido el exministro de Energía Antonio Goncalves y el exgerente de Celec Fabián Calero.
El juez dispuso entonces prisión preventiva para 17 de los investigados, incluidos Goncalves y Calero, y ordenó, además, la inmovilización de cuentas y la prohibición de enajenar bienes.
La investigación se concentra en los contratos emergentes adjudicados a Progen Industries LLC para adquirir generadores destinados a las centrales eléctricas de Salitral y Quevedo.
El contrato de Salitral ascendió a USD 99,4 millones, mientras que el correspondiente a Quevedo alcanzó USD 49,7 millones.
Según la tesis de Fiscalía, durante los procedimientos de contratación se habrían omitido o evadido requisitos para favorecer a Progen, pese a que las ofertas de la compañía no cumplían con todas las exigencias técnicas, económicas y jurídicas.
A pesar de las deficiencias detectadas, se desembolsó a la empresa el 70% del valor de los contratos en calidad de anticipo: USD 104,37 millones. Para el Ministerio Público, esta cantidad constituiría el presunto perjuicio ocasionado al Estado.
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La investigación también sostiene que los generadores entregados no eran nuevos ni técnicamente compatibles, pese a las condiciones estipuladas. Los equipos debían comenzar a operar en noviembre de 2024, pero nunca entraron en funcionamiento.