Suspenden por 30 días al juez Jairo García, quien lleva el caso Goleada contra Aquiles Alvarez
Aunque la sanción no guarda relación con el caso Goleada, García tiene un papel relevante en esta causa, que involucra al alcalde de Guayaquil.
El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió este viernes suspender durante 30 días y sin remuneración al juez Jairo García, de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, con sede en Quito.
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La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria instalada por la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo Aldaz, con la participación de los vocales Alfredo Cuadros Añazco, Magaly Ruiz Cajas, Fabián Fabara Gallardo y Damián Larco Guamán.
Según informó el organismo, la sanción contra García se origina en su actuación dentro de un proceso por tráfico ilícito de armas de fuego, en el que habría retrasado la tramitación de una apelación a la prisión preventiva.
La Judicatura señaló además que el magistrado no definió oportunamente su competencia para conocer el proceso, situación que habría ocasionado demoras indebidas y afectado el derecho del procesado a recibir una respuesta judicial oportuna.
La suspensión se extenderá por un mes y, durante ese periodo, el juez no recibirá su remuneración.
Jairo García también está a cargo del caso Goleada
Aunque la sanción no guarda relación con el caso Goleada, García tiene un papel relevante en esta causa, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez y otros procesados.
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La Fiscalía investiga en este expediente un presunto esquema de lavado de activos vinculado con actividades de comercialización ilícita de combustibles.
Según la tesis del Ministerio Público, los investigados habrían construido una estructura empresarial mediante la cual se adquirían grandes cantidades de diésel subsidiado por el Estado, destinado originalmente a embarcaciones de bandera ecuatoriana.
Sin embargo, parte del combustible habría sido desviado para su comercialización a embarcaciones internacionales a precios de mercado, lo que habría permitido generar beneficios económicos a partir de la diferencia provocada por el subsidio estatal.
La Fiscalía sostiene además que se habrían utilizado empresas de papel domiciliadas en Panamá para simular obligaciones, omitir ingresos y aparentar gastos, como parte del presunto mecanismo para dar apariencia de legalidad a los recursos.
Aquiles Alvarez permanece privado de libertad desde el 8 de febrero de 2026, cuando fue detenido en su vivienda en Samborondón, Guayas, dentro de la investigación del caso Goleada.
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El alcalde permaneció inicialmente en la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi, y posteriormente, el 8 de marzo, fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Santa Elena.