Carolina Farfán
miércoles, 11 diciembre 2019 - 11:04
La Secretaría de Derechos Humanos anunció acciones, luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció a favor de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el secretario del movimiento correísta 'Revolución Ciudadana', Virgilio Hernández, y de Christian Narváez, quienes cumplen prisión preventiva por el delito de rebelión, tras las protestas de octubre que se desarrollaron a nivel nacional.
Primero, la entidad resaltó que el Gobierno del presidente Lenín Moreno "ha manifestado siempre su respeto a los Derechos Humanos y su compromiso con el fortalecimiento de los mecanismos de protección que el Sistema Interamericano ha desarrollado, entre estos, las medidas cautelares que dicta la CIDH".
En consecuencia, se informó, este 10 de diciembre, que la Secretaría ha iniciado su cumplimiento "con la convocatoria a la reunión de coordinación de dichas medidas, con las instituciones a cargo de la Rehabilitación Social y garantías de derechos en los centros de privación de la libertad".
Posteriormente se convocará a los abogados que representan a los tres procesados, para que las medidas que se adopten "sean acordadas".
No obstante, la Secretaría señaló que "coordinará las acciones que correspondan en lo concerniente a precautelar la vida e integridad de los beneficiarios de las medidas cautelares, al igual que se lo hace con todas las personas privadas de la libertad".
Y agregó que dichas accionese se cumplirán dentro del marco legal, "con estricta observancia al principio de independencia de funciones y respetando la medida de prisión dictada por autoridad competente dentro de un proceso judicial".
Según el decreto ejecutivo No. 560 de 14 de noviembre de 2018, la Secretaría tiene la competencia de coordinar el cumplimiento de medidas cautelares derivados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Mediante una resolución, de fecha 6 de diciembre de 2019, la CIDH se refirió a la solicitud de medidas cautelares presentada por los tres procesados, quienes estarían "expuestos a amenazas y actos de hostigamiento".
"Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión considera que la información aportada demuestra prima facie que las personas beneficiarias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en grave riesgo", resolvió el organismo e instó a Ecuador tomar las medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida e integridad personal.
La prefecta está detenida desde el 14 de octubre y es investigada por el delito de rebelión durante las manifestaciones en contra del Gobierno de Lenín Moreno.
El plazo que faculta el Código Orgánico de Organizacion Territorial, Autonomía y Descentralizacion (Cotad) para conceder licencias a los miembros del gobierno provincial, que acumulados, no sobrepasen sesenta días, venció el pasado 8 de diciembre. Pero, ayer el prefecto encargado Alexandro Tonello otorgó 11 días de vacaciones a Pabón, como medida para que ella no pierda su cargo.
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