¿Quién se acuerda de Enprovit? Fue una cadena de tiendas estatales que funcionó entre 1971 y 1998, célebre por escándalos como almacenar arroz con gorgojo y porque llegó a vender a precios más altos que los comisariatos privados. La Empresa Nacional de Productos Vitales se volvió un lastre para el Estado, la compraron los miles de empleados que hubo que liquidar y aunque intentaron competir, las leyes de la oferta y demanda la enterraron en el olvido.
En Ecuador distintos gobiernos mantuvieron empresas estatales ineficientes que intentaban cubrir una multitud de necesidades pero en la práctica generaron pérdidas, como la Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización, que pretendía controlar la especulación; la Empresa de Abonos del Estado, que intentó aumentar la productividad agrícola, y la Empresa Nacional del Semen, que tenía la tarea de mejorar la calidad del ganado.
La Revolución Ciudadana revivió a las Empresas Públicas, ahora conocidas como EP, pero con nuevas reglas: en 2009 se aprobó la Ley de Empresas Públicas que reorganizó, liquidó o fusionó a las empresas que existían para alinearlas a las estrategias del gobierno, monitoreadas por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades). Hoy existen 27 Empresas Públicas que responden directamente al Ejecutivo y que, por definición, están “destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos y el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos”.
Pero ahora que el Presidente ha decretado la luz verde al Régimen de Colaboración Público Privada, para reducir el gasto estatal, las corporaciones privadas podrán, en teoría, invertir en sectores estratégicos como la explotación de recursos naturales, la construcción de obras públicas, las telecomunicaciones, es decir, todas las actividades que hoy realizan las EP. Surge entonces la pregunta ¿podría una empresa privada reemplazar a una EP si demuestra que puede ser más eficiente?
CLASE A, B Y C
Aunque las reglas del juego recién se están forjando, no está demás hacer una revisión de las EP que se han creado y las utilidades que generan, según sus propias rendiciones de cuentas subidas en abril a sus páginas web para cumplir con la Ley de Transparencia. La Senplades divide a las EP en tres categorías: las que deben lograr ganancias financieras, las que deben prestar un servicio social, y las que son temporales y se enfocan en la construcción de proyectos.
Entre las que deberían tener utilidades hay evidentes altibajos. Petroamazonas y Petroecuador, dedicadas a la explotación de hidrocarburos y a su transporte, reportan ganancias sostenidas. Otras se encuentran en período de inversión, como la Corporación Eléctrica del Ecuador, que está construyendo grandes proyectos hidroeléctricos que aún no empiezan a funcionar. Pero hay Empresas Públicas que tienen números en rojo, como Tame, El Telégrafo y la Empresa Pública Cementera.
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