Monumentales sí, pero mal hechos, medio inútiles y muy caros. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fue clave para la evaluación internacional a cinco proyectos hidrocarburíferos del anterior Gobierno.
Ninguno pasó el examen. La remendada –léase repotenciada– refinería estatal de Esmeraldas, el largamente esperado terminal marítimo de Monteverde, la casi desconocida planta delicuefacción de gas natural de Bajo Alto, la inexistente Refinería del Pacífico y el ineficiente poliducto Pascuales-Cuenca fueron evaluados y desnudados gracias a un acuerdo de cooperación técnica entre el PNUD y el Gobierno Nacional.
*REPORTAJE PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA, EL 8 DE MAYO DEL 2015
Monteverde, Santa Elena, julio de 2008: El presidente de la República Rafael Correa ponía la primera piedra del proyecto de almacenamiento de gas licuado de
petróleo. Junto a él estuvieron su entonces ministro de Energía y Minas Galo Chiriboga, el contralor Carlos Pólit, el gerente de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y altos oficiales de la Marina que en esos años se habían encargado del manejo de Petroecuador.
“Por muchos intereses en mantener ciertos privilegios no se había concretado este proyecto que cuánto hubiese ahorrado al país si se hubiese hecho hace 20 años”, remarcó el Mandatario durante la ceremonia.
“Con el nuevo proyecto se garantiza una reserva de 30 días en los próximos 20 años. Esto ya justifica la propuesta. (…) La verdadera prudencia es saber invertir los recursos y no ponerlos bajo el colchón aunque el país se esté cayendo a pedazos”, añadió.
Ese mismo día el ministro Chiriboga Zambrano exteriorizó el respaldo de su cartera a Petroecuador y Flopec “que aliadas impulsan el proyecto Monteverde”. También se dijo que el tiempo de construcción sería de dos años y que el presupuesto era 233 millones de dólares.
Seis años después se inauguró la obra y se reveló que al final terminó costando 570 millones de dólares y que parte de la culpa del retraso era haber confiado en Flopec, una empresa pública vinculada a la Marina, especializada en transporte, pero sin experiencia en la construcción de estos terminales. Y que el ahorro anual sería de 20 millones de dólares, es decir que se amortizaría en 28 años siempre y cuando sigamos usando gas.
Volatilidad inicial
La primera vez que el sistema de almacenamiento del gas licuado de petróleo llamó la atención de los ecuatorianos fue el 10 de marzo de 1976. Ese día Guayaquil no pudo dormir. Con voz nerviosa, casi gritando, Hugo Fernández Calle, uno de los locutores más populares de esas épocas, pedía a la población que saliera de sus casas porque la ciudad estaba en peligro.
Y efectivamente, el cielo estaba rojo. Una gigante esfera de gas había explotado y había partido en dos una vivienda a un kilómetro de distancia. Además, en toda la ciudad se escuchaban una a una las detonaciones de cientos de bombonas almacenadas en el terminal de Liquigas, ubicado a medio camino entre el Malecón y el Puerto Marítimo.
Eso determinó que el terminal de almacenamiento y envasado se aleje de la zona poblada, ubicándose desde entonces en la vía a Salinas, sector El Salitral. Pero la urbe siguió creciendo y pronto rodeó nuevamente a las instalaciones que, casi 40 años después, se volverán a mudar. Esta vez al extremo norte de Guayaquil, a Chorrillos, parroquia Pascuales.
El GLP o gas licuado de petróleo es un combustible cuya producción nacional es deficitaria y debe ser importado. Cuando a mediados de los años 80 el consumo se incrementó y la construcción de nuevas esferas de almacenamiento en tierra aún generaba nerviosismo, se optó por contratar un buque como depósito de gas en alta mar.
Y así, durante 30 años, fondeado frente a las costas de Puná, se convirtió quizá en el único “barco parado” que sí ganaba flete. Desde allí, pequeñas barcazas iban y venían por los ramales del estero Salado, llevando el gas hasta un terminal conocido como “Tres bocas”.
Pensando en Monteverde
En principio, el gas del barco servía para unos 15 días de consumo interno. Eso sí, las renovaciones a ese contrato hechas por varios gobiernos siempre estuvieron bajo sospecha.
La idea de construir un gran terminal para almacenamiento en tierra estaba muy clara desde hace unos 15 años en Petrocomercial. Para 2003, en la página web de la comercializadora estatal se detallaba lo que sería el proyecto de un terminal marítimo en Monteverde y un gasoducto hasta el nuevo centro de envasado
de Pascuales. Hasta había un precio referencial de algo más de 97 millones de dólares.
El proyecto fue oficialmente aprobado por Petroecuador en diciembre de 2005 durante el gobierno de Alfredo Palacio y la búsqueda de un constructor empezó meses después. En abril de 2007 el nuevo presidente Correa declara en emergencia “el sistema de abastecimiento, transporte, distribución y comercialización de combustibles derivados de hidrocarburos y gas licuado de petróleo, en todo el territorio nacional”.
A la cabeza de la movilización se pone a un oficial general en servicio activo de la Fuerza Naval. Con ese militarizado escenario se analizaron las propuestas a la licitación internacional que se había convocado. Empresas d México, Argentina, Brasil y Rusia estaban interesadas. Pero en junio de 2007 el concurso se declaró desierto porque todas las valoraciones superaban en más del 75 por ciento el presupuesto referencial.
La oferta promedio era de 220 millones de dólares. Entonces Flopec entró en escena y recibió la adjudicación directa para manejar la megaobra. En el camino
la obra demoró seis años y los costos casi se multiplican por tres. O por seis, si se toma en cuenta el presupuesto original.
El día de la inauguración, a mediados del año pasado, el presidente Correa se quejó en su discurso: “Se pueden tomar decisiones equivocadas. Uno toma decisiones en base a la información que le suministran a uno y eso no puede seguir ocurriendo en la patria nueva. Las causas de estos errores son absurdas agendas institucionales. (Dicen) ‘deme a mí esto, así no tenga la capacidad de hacerlo’… (Hubo) falta de capacidad de planificación, falta de coordinación entre Flopec y Petroecuador y muchas veces por absurdas rivalidades institucionales”.
Tierras comunales
Durante la construcción se presentaron algunas novedades. La primera fue por el terreno en que se construiría la obra. Cuando se declararon de utilidad pública unas 58 hectáreas que antes eran utilizadas para cultivos de ciclo corto, el registrador de la propiedad de Santa Elena no quiso registrar
la escritura. La razón: eran terrenos de la comuna Monteverde y según la Constitución vigente, estos son indivisibles, prohibiendo expresamente las transferencias de dominio.
La Corte Constitucional tuvo que resolver el diferendo. La sentencia que ordenó la inscripción de la escritura se basa en que en 2009 un decreto declaró al proyecto como de “interés nacional” y por tanto se “prioriza el interés general que representa a la nación, respecto al interés particular o comunal”. Finalmente
por las 58 hectáreas se pagó a la comuna 46 mil dólares más el ofrecimiento de construirles un centro de salud, mejorar escuelas y ejecutar algunas obras de
regeneración urbana.
Flopec tuvo que subcontratar con varias compañías. En diciembre de 2012 la Contraloría hizo un examen de lo ejecutado hasta esa fecha. Primero señaló que en
algunos de los subcontratos no se especificaron las fechas de entrega de los anticipos, “lo que incidió en el inicio de las obras”.
También obsevaron que la compañía contratada para la fiscalización, seguía trabajando y cobrando después de la fecha señalada como de la de terminación del contrato. Es decir que no se había renovado ni ampliado el mismo. Otra falla determinada fue que se había iniciado la obra sin una licencia ambiental plenamente legalizada. Y que en el estudio de impacto ambiental que se había hecho no se contempló la afectación a la fauna marina del sector.
Como último punto, el examen señala que las minas de material pétreo usadas para el proyecto no tenían permisos y que por ello la Agencia de Control Minero no pudo regular esas actividades.
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