Suplente del CPCCS que reemplazará a vocal destituido por la Asamblea tiene una orden de captura por presunta estafa
El abogado Jaime Chugchilán, elegido para reemplazar a uno de los cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) destituidos por la Asamblea, tiene una orden de captura vigente por presunta estafa masiva.
Chugchilán afronta un juicio desde 2019, según registra el Consejo de la Judicatura. La Fiscalía y 14 personas perjudicadas por presunta estafa, lo denunciaron a él y otras dos personas.
El Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito le ordenó prisión preventiva después de que dejó de asistir a las presentaciones periódicas que mantenía como medida alternativa.
El funcionario reemplazará a Francisco Bravo, vocal consejero del CPCCS cesado de sus funciones por medio de una votación en el Pleno de la Asamblea el pasado sábado 19 de noviembre.
Bravo fue destituido junto a el presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira y la consejera Ibeth Estupiñán, por "incumplimiento de funciones al reformar el Reglamento para la elección de Contralor y falta de transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial", señaló un comunicado referente al hecho.
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Chugchilán, exfuncionario de la Secretaría General del Migrante, fue referido por la solicitud que el Legislativo deberá hacer al Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que solicitarán los nombres de los candidatos a consejeros del CPCCS, que fueron parte de los comicios de 2019, para proceder a realizar las posesiones de cargos.
El requerimiento de que el suplente de Bravo sea un representante de los "pueblos y nacionalidades" establece que la persona correspondida para ocupar el cargo es Chugchilán.
Las denuncias dirigidas a Chugchilán por estafa se remontan al 2019 y provienen de ciudadanos quienes alegaron el acercamiento del procesado para venderles un puesto de comercio en un galpón del mercado Mayorista de Quito por 10 mil dólares .
Los denunciantes dicen haber transferido sumas de dinero a la cuenta bancaria del abogado y nunca haber recibido un comunicado del mercado Mayorista de Quito, precisamente porque el Municipio de Quito es el único propietario de dichos galpones.
Tras calcularse un perjuicio total de aproximadamente 145 mil dólares, según recoge El Universo, se abrió un proceso judicial, el cual continuará el 17 de enero del 2023 para determinar la situación jurídica de los sujetos involucrados en el caso de estafa.
