Reducir el hacinamiento y clasificar a los presos, parte de la cuenta pendiente en el sistema carcelario del país
El país inició la segunda semana de mayo con una nueva masacre: 43 muertos en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, lo que demuestra que la crisis está lejos de terminar y el gobierno aún no puede tomar el control. Con este último hecho de violencia, suman más de 400 fallecidos, producto de las disputas entre bandas criminales al interior de los centros penitenciarios en Ecuador, desde 2020.
Justamente, la semana anterior, entre el 4 y 6 de mayo, varios expertos, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de Estado participaron en una conferencia organizada por el Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado (EL – PAcCTO) de la Unión Europea y Fundación Esquel.
Vistazo habló con Xavier Cousquer, codirector de El PAcCTO, para quien la situación penitenciaria en Ecuador es muy preocupante, dado que si no se toman acciones habrá más masacres.
Uno de los principales problemas es el hacinamiento. Cousquer recuerda que en 2017 visitó una cárcel en Ecuador y en una celda de cuatro metros cuadrados encontró a 14 privados de la libertad, cuando el estándar internacional sugiere un espacio de 8 metros cuadrados por cada preso.
Desde el gobierno anterior se ofrecen acciones y reformas para combatir el hacinamiento, pero hasta ahora no hay resultados. El país cuenta con una capacidad para unos 28 mil presos, pero hay cerca de 40 mil. Esto no solo impide la rehabilitación social, sino que los espacios se hacen incontrolables para las autoridades y son cooptados por las bandas criminales.
Luego de la masacre carcelaria del mes anterior en Turi, el gobierno reabrió la cárcel La Roca, en Guayaquil, para trasladar allí a cinco cabecillas de las bandas y tenerlos aislados. Si bien, Cousquer dice que la medida es positiva, recalca que no es suficiente.
“Ecuador necesita dedicar más establecimientos de máxima seguridad. Esto no necesariamente significa construir nuevas cárceles. Se puede readecuar algunas de las que ya existen. Eso sí, deberían ser establecimientos pequeños y no las grandes porque son muy difíciles de controlar. Ya hemos visto lo que pasa”, dice el experto.
La masacre en Santo Domingo se produjo por la llegada de alias “Anchundia”, quien estuvo en la cárcel de Turi, luego fue trasladado a La Roca, y ahora a Santo Domingo. “Anchundia es del grupo R7 que entró en punga con el grupo delincuencial de Los Lobos”, dijo Fausto Salinas, comandante General de la Policía.
CÁRCEL DEBE SER EL ÚLTIMO RECURSO
Xavier Cousquer dice que los consensos alcanzados en la conferencia de El PAcCTO serán presentados en un informe de recomendaciones. Obviamente, los problemas no se resolverán en un año, sino que deberán ser pensados para el mediano y largo plazo.
Lo urgente, dice, es reducir el hacinamiento y clasificar a los presos que tienen perfiles más violentos. Esto, además, requiere mayor inversión en guardias penitenciarios para garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad, que es lo urgente en este momento, de lo contrario las masacres continuarán.
Estas acciones podrían tomar unos dos años si el gobierno y las instituciones responsables del sistema penitenciario entienden el problema. Lo otro es revisar la legislación para evitar que más personas que no necesariamente representan un peligro para la sociedad vayan a la cárcel, lugar que se convierte en una escuela del delito en lugar de rehabilitación social.
“No olvidemos que la privación de la libertad es el último recurso. Se necesitan medidas alternativas para delitos leves. Por ejemplo, una persona que no paga la pensión alimenticia no es un peligro para sociedad, por tanto, no debería ir a la cárcel”, dice Cousquer.
Añade que el PAcCTO ha trabajado desde el 2018 en el fortalecimiento del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), ante la infiltración de grupos criminales organizados. “El eje de su gestión se divide en tres componentes: cooperación policial, cooperación entre sistemas de justicia, y penitenciario”, finaliza Cousquer.
