Ordenan uso de grillete electrónico para Pedro Merizalde y su cónyuge: también se dispuso la incautación de bienes
Así lo informó la Fiscalía General del Estado (FGE) la noche del pasado viernes, 19 de mayo del 2023, en su cuenta de Twitter, en la que especifica que las medidas también aplican para Zoa T., cónyuge del procesado, quien también es investigada.
La audiencia de formulación de cargos se instaló en el Complejo Judicial Norte, en donde la Fiscalía expuso más de 35 elementos de convicción que incluyen asistencias penales de Estados Unidos, Panamá y Suiza; así como documentos, certificados, informes, entre otros.
Sin embargo, la institución explicó que la pareja pertenece a la tercera edad y padece enfermedades catastróficas, por ello solicitó la prohibición de salida del país, presentación periódica y dispositivo de vigilancia electrónica.
También, se pidió la incautación de bienes muebles e inmuebles, la prohibición de enajenar el domicilio de los procesados y la retención de cuentas en el sistema financiero.
Estas peticiones fueron aceptadas por el juez de la Unidad Judicial Penal Iñaquito y deberán ser acatadas por los dos procesados.
El pasado viernes, las autoridades allanaron la casa del exgerente de la Refinería del Pacífico, ubicada en Quito, puesto que habría incurrido en el presunto delito de lavado de activos, en torno a la suscripción de un contrato con la empresa brasileña Odebrecht, por 229'995.259 dólares.
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DOS INVESTIGACIONES
En el 2011, durante el gobierno de Rafael Correa, Pedro Merizalde fue nombrado gerente general de la Refinería del Pacífico. En agosto de 2012, el exfuncionario firmó con Odebrecht un contrato de $230 millones para mover las tierras en el terreno donde se levantaría la refinería.
Desde 2016, la Fiscalía investiga dos casos contra el exfuncionario: por posible lavado de activos y perjurio.
La primera investigación inició el 14 de junio de 2016 bajo la sospecha del delito de lavado de activos. Después de las revelaciones de The Panama Papers, se conoció públicamente que Merizalde era dueño de la compañía Horgan Investments en Panamá.
El funcionario ocultó esa información y otras sobre su patrimonio en su declaración juramentada de bienes, lo que obligó a que la Contraloría General del Estado emitiera un informe con responsabilidades penales. Por lo que, la Fiscalía también abrió una investigación por perjurio.
