La presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, Inés Alarcón, entregó a la Fiscalía el expediente del caso Segura EP. Además, solicitó que el expresidente Rafael Correa sea procesado como “cabecilla” de esta presunta trama que habría cooptado las cámaras de seguridad de Guayaquil.
La mañana de este jueves, 17 de septiembre de 2026, la legisladora oficialista junto a otros compañeros de la bancada morada llegaron a las instalaciones del Ministerio Público en Quito para ingresar el informe aprobado por el Pleno con 85 votos afirmativos.
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El documento recoge los principales hallazgos alrededor de la supuesta “sala espejo” que estuvo instalada en el Palacio Municipal de Guayaquil, específicamente en la Dirección de Aseo Cantonal, “con el propósito de perseguir políticamente”.
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ADN pide procesar a los implicados
La asambleísta Inés Alarcón explicó que la entrega del informe tiene como objetivo que la Fiscalía investigue a “profundidad” los hechos recopilados por los miembros de la Comisión de Seguridad y defina responsabilidades penales.
Agregó que no puede quedar en la “impunidad” la manipulación del sistema de seguridad de los guayaquileños para fines políticos.
Alarcón indicó que en este caso convergen varios delitos como peculado, tráfico de influencias, delincuencia organizada y acceso no consentido a información sensible.
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También, calificó a Rafael Correa como el “cabecilla” de la organización, ya que a su criterio el expresidente direccionó y articuló el proceso de cooptación de las cámaras de seguridad para su beneficio.
“La justicia debe actuar con celeridad”, exigió Alarcón, quien pidió que la Fiscalía procese al exmandatario y a los demás implicados.
¿‘Cámaras Espejo’ en otras ciudades?
La legisladora de ADN también aseguró que el caso de Segura EP solo es “la punta del iceberg de un proceso sistemático que ha utilizado el correísmo para vigilar y espiar para un prófugo de la justicia”.
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En ese sentido, señaló que existe un proceso de investigación en Quito, donde habría ‘salas espejo’ con fines políticos.
Mientras que en Riobamba se ha determinado que más de 116 cámaras fueron desinstaladas de puntos estratégicos por presuntas irregularidades.
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