Fiscalía apela sobreseimiento a favor de Abdalá y Jacobo Bucaram por caso de pruebas COVID-19
La Fiscalía General del Estado presentó por escrito la apelación al sobreseimiento dictado a favor del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley y dos personas más, dentro del caso por presunta delincuencia organizada para la negociación de 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico de Covid-19,
En la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, realizada el pasado lunes 4 de octubre, la fiscal del caso fundamentó su dictamen acusatorio con más de cuarenta elementos de convicción y solicitó al juez Geovanny Freire que dictara auto de llamamiento a juicio para todos los involucrados.
El Magistrado aceptó parcialmente el pedido de Fiscalía y llamó a juicio a Oren Sh., Leandro B. e Isabel P., mientras que Verónica A., Bryan P., Abdalá y Jacobo Bucaram fueron sobreseidos.
Según el juez Freire, los Bucaram, junto con otras dos personas, fueron compradores de pruebas rápidas de manera privada, las cuales fueron importadas de manera legal.
El expresidente escribió en Twitter que la fiscal del caso "tiene pruebas de una compra y venta privada lo cual no es ilegal".
El Juez también dispuso la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva para Leandro B., quien deberá usar grillete electrónico y presentarse periódicamente.
A Isabel P. la declaró prófuga y resolvió la retención de sus cuentas y prohibición de enajenar bienes.
Según las investigaciones, las supuestas irregularidades se habrían configurado entre marzo y junio de 2020, pero las actividades ejercidas por los procesados para intentar dar legitimidad a sus acciones se extendieron hasta el mes de octubre.
De acuerdo con el dictamen acusatorio de Fiscalía, en ese lapso se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Sheinman O. y Shy D. (este último asesinado el 8 de agosto en la Penitenciaría del Litoral), para el traslado de las pruebas de diagnóstico de Covid-19 hasta Guayaquil.
Las presuntas actividades ilícitas se habrían registrado en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas, ocasionando delitos contra el régimen económico de desarrollo y la fe pública.
Por este caso, dos personas ya fueron sentenciadas por procedimiento abreviado. Es decir, aceptaron su responsabilidad en los hechos imputados.
