Fiebre de arrestos domiciliarios agota el stock de grilletes electrónicos; los narcos son los más beneficiados
El 6 de febrero, en una operación transnacional en la que participaron 800 agentes, fueron detenidas 18 personas en Ecuador y 13 en España. En este operativo se desmanteló una red que importaba al menos cuatro toneladas de cocaína al mes desde Colombia. El líder, el albanés Dritan Gjika, está prófugo. Su pareja, Ashley R., fue detenida porque en su vivienda se encontraron dos armas.
Quince días después, su defensa pidió que se revisara la prisión preventiva. Un juez de garantías penales dispuso que cumpliera arresto domiciliario; advirtiendo que debía fijarse la periodicidad de su presentación ante las autoridades. Además, ordenó el uso de un dispositivo electrónico, esto es, de un grillete.
Pero el 22 de febrero, la autoridad penitenciaria SNAI certificó que “no se dispone de stock de dispositivos de vigilancia electrónica”. Por lo tanto, quedó pendiente el cumplimiento de esta disposición.
Esta redacción pidió un pronunciamiento oficial del SNAI frente al desabastecimiento de grilletes. Al cierre de esta edición, aún no recibía una respuesta oficial.
En la casa donde vivió el albanés se encontraron dos armas de fuego, una Glock y una Ruger Prescott, con alimentadoras, calibre 9 mm; dos alimentadoras SB 9mm, cada una con quince cartuchos, según los documentos del proceso judicial. La Fiscalía argumentó que la mujer había incurrido en el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. Sin embargo, la defensa insistió que las armas pertenecen a su pareja y presentó los documentos según los cuales cuenta con los permisos emitidos por el Comando Conjunto de las FF.AA.
Lea también: ¿Cómo se infiltró la mafia albanesa en Ecuador sin ser vista?
Narcos, los más beneficiados
Pero el caso no es aislado. En lo que va de 2024, siete decisiones judiciales beneficiaron a detenidos con el arresto en domicilio.
Estas decisiones beneficiaron a procesados por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, en el 33 por ciento de las veces, según datos de la Policía nacional. En el nueve por ciento de beneficiarios, los acusados enfrentaban cargos por delincuencia organizada.
El cuatro por ciento de los beneficiarios es procesado por asesinato. Este es el caso de Marco Antonio M. (alias Marquitos), vinculado con el grupo terrorista Los Tiguerones que opera en Sauces y Esteros. Fue sentenciado a 22 años de prisión por asesinato. Recluido en el pabellón 12 del Centro de Privación de Libertad 1, tuvo tres intentos de fuga, según registros de la Policía. No solo eso. El 6 de febrero tomó cita en el hospital Monte Sinaí, con los nombres de otro detenido, para evadir a la justicia. Un juez de garantías penitenciarias que omitió todos los procedimientos y criterios técnicos que incluyen el antecedente de la tentativa de fuga, dispuso que cumpliera arresto domiciliario. El abogado defensor del acusado adujo “falta de atención médica permanente” y “para precautelar la vida”.
Además, a mediados de febrero, en una operación para capturar a los autores de un secuestro, cinco policías fueron detenidos. Para tres de ellos, las autoridades judiciales dispusieron arresto domiciliario.
En la zona 8 se cumplen 92 arrestos de este tipo. Para ello, 276 servidores policiales han sido destacados. En lugar de controlar la seguridad en las calles, vigilan que los detenidos no escapen de sus casas.
