Exguías penitenciarios del Ecuador revelan las fallas del sistema carcelario y proponen un plan para superar la crisis
A Elsa (nombre protegido) aún le tiembla la voz cuando recuerda el calvario que un preso de una cárcel de la sierra ecuatoriana —que teme detallar— la hizo pasar, después de acosarla por semanas y mandarla a secuestrar. Quien le pasaba los intimidantes recados del recluso era su propio jefe, comenta la exguía penitenciaria.
Elsa tenía un perfil administrativo en la cárcel. Un día tuvo que atravesar hacia la zona de las celdas para hacer que sus compañeros firmen documentación, y allí, su acosador la puso bajo su radar. El recluso, inmediatamente, pidió tener a Elsa en su celda.
“Se obsesionó conmigo. Él tenía datos personales míos. (...) Inclusive, sabía con qué persona yo había mantenido una relación sentimental. Y eso me llenó de temor”, relata.
Con temor, recurrió a su jefe y a talento humano para buscar soluciones, pero la única solución que le dieron fue la de hacer un cambio de guardia, “pero eso no iba a funcionar porque yo iba a seguir viéndolo”, cuenta.
“Yo no mantenía contacto con los reclusos, pero mi jefe sí. En un lapso de tres meses, venía a decirme cosas que dice el recluso, hasta que un día, incluso, me dijo que esta persona ya sabía mis datos personales”, cuenta.
Un día, una persona que se contactaba con el recluso le entregó dos teléfonos al jefe de grupo de Elsa con el objetivo de que ella vea un mensaje que él había enviado a ese número. “Allí me confirmó datos muy específicos de mi vida, para amenazarme. Me quedé helada”, dice.
Después de un tiempo sin acceder a los requerimientos del recluso, el sujeto le envió un nuevo mensaje para decirle que renuncie o, caso contrario, la mandaría a secuestrar y haría que le disparen en la frente.
“Me puse a pensar en mi familiar, así que pedí la renuncia. Me la aceptaron sin preguntarme nada. Salí ese día de la cárcel, y afuera me subieron a una camioneta. No sé si estuve en Guayaquil o en alguna zona de la costa. Me secuestraron. La cuestión era que ellos querían que yo ingresara a verlo a la cárcel, esa era la presión. Por último, hasta acepté que me maten, pero bueno, luego me dejaron ir. Me tuve que mudar como cuatro veces”, comenta.
Desde entonces, Elsa se unió al grupo de Agentes Penitenciarios Pasivos de Ecuador (APPE), conformado por 650 guías penitenciarios en estado pasivo que quedaron fuera del sistema carcelario del país por causas que, muchos de ellos, consideran injustas.
Jhonny Cadena, quien fue guía penitenciario en varios centros de rehabilitación social del país, también quedó fuera del sistema. Su salida, asegura, ocurrió por intereses internos y corrupción en el sistema penitenciario.
Cadena trabajaba como parte del Grupo Especial Alpha (GEA), en el Centro de Detención Provisional de Varones de Quito, ubicado junto al ex penal García Moreno, cuando empezó a notar que algo no estaba bien.
“De a poco uno se va enterando de los transes que tienen los directores con los privados de la libertad. A los cuatro meses empezó el martirio. El director tenía vínculos con los delincuentes, con un brazo de la banda de Los Choneros, con alias ‘Colorado’. Un día lanzaron unos bultos con droga e inmediatamente, dimos parte a la Policía. (...) La persecución inició inmediatamente. Y las amenazas se hicieron realidad”, cuenta.
El día que salió franco, un ex reo apareció en los exteriores de la cárcel, se bajó de una camioneta, lo amedrentó con un arma de fuego y le exigió que devuelva la droga que había decomisado, caso contrario, lo mataría. “Me dieron un cachazo en la cabeza y se fueron”, añade.
Después de ese episodio, relata, se emitieron tres partes para acusarlo de faltas graves y con ello fue despedido del sistema penitenciario. Acudió a la entonces ministra de Justicia, Lady Zúñiga, para presentar pruebas de descargo sobre las acusaciones. “Comprobaron que la información que habían usado para sacarme era falsa y me devolvieron el cargo en Cuenca”, explica.
Una vez llegado a la cárcel de Turi, se comenzó a dar cuenta de nuevas irregularidades entre directivos y presos. Nuevamente emitieron partes en su contra, pero esta vez, la amonestación fue el cambio a la cárcel de Macas. Su contrato de prestación de servicios profesionales se terminó. “Supuestamente, eso era parte del Gobierno para ahorrar dinero al Estado”, dice.
“Los guías nunca hemos tenido estabilidad laboral. Siempre han puesto personal de paso, y así, han ido desechando a elementos valiosos”, señala.
Cadena, quien también es parte del grupo de guías que desde hace varios años impulsa una propuesta para reestructuración del sistema carcelario, considera que los graves enfrentamientos que se han visto en los últimos meses en el país, se deben en parte al debilitamiento del cuerpo de agentes penitenciarios. "Este grupo debe ser la columna vertebral del sistema”, al tener contacto directo con los internos, argumenta.
“Nosotros hemos hechos hasta de psicólogos de los privados de la libertad, conocemos cómo piensan y los perfiles que tienen. Pero actualmente, no hemos quedado ni para abrir puertas. Si se desata un amotinamiento lo único que tenemos es gas pimienta”, señala.
Jéssica N., quien prefiere identificarse solo por su nombre, es otra guía que fue despedida de la cárcel del Inca, en Quito, y que pide ser reintegrada. Cuando inició el cambio de jerarquización en el sistema penitenciario, recuerda, les dijeron que cada dos años iban a ascender una banda para llegar al ascenso superior, que tardaba ocho años. Pero eso no llegó a suceder, relata.
“Los de la leva del 2012 estábamos confiados que de ya nos faltaba solo un año para subir al nuevo rango. Sin embargo, con la homologación de perfiles nos tuvieron que hacer un nuevo contrato, y nos informaron que apenas teníamos un año en el sistema y que todos los seis o siete años quedaban en nada. Después, nos llevamos la sorpresa de que personas que eran más nuevas pasaban a ser nuestros jefes. Hicimos un grupo de rechazo para no firmar esta homologación”, dice.
En el 2019, afirma, en una sala de prevención que era compartida con la Policía Nacional, fue acusada de intentar ingresar un celular a la cárcel. “Allí hacíamos un turno en la noche, en ese lugar se permitía tener los teléfonos. Yo estaba en la puerta del puesto, y sin que yo, siquiera tenga la intención de entrar, me requisa y me encuentra mi celular. Me llevó detenida, luego comprobé que era mi celular, salí libre, pero el juez dictaminó que yo había pasado el umbral de ingreso al centro de rehabilitación y me sentenció a un año. Me dieron medidas sustitutivas y me dieron cambio administrativo a la cárcel de mujeres en Chillogallo”, señala.
Un año después, le llegó una notificación de cesación de funciones por haber perdido sus derechos de ciudadanía. “El señor que me notificó, pensó que buscaba a una persona detenida no se imaginó verme uniformada y trabajando”.
Finalmente, dice, “a mi salida, también me vulneraron mis derechos porque yo era una trabajadora sustituta porque tengo un hijo con discapacidad. Me tenían que dar una indemnización por mi hijo, cosa que nunca dieron. No me prepararé, ni asimilé que iba a pasarme esto, y bueno, aquí estoy sin trabajo ya un año., Por algo que no hice", afirma.
“LOS GUÍAS PENITENCIARIOS NO HAN QUEDADO NI PARA ABRIR Y CERRAR PUERTAS”
Según el informe elaborado por el Grupo de Agentes Penitenciarios Pasivos del Ecuador (APPE), la crisis carcelaria del país se da debido a cuatro factores.
1. Falta de agentes de seguridad
2. Débil estructuración del cuerpo de seguridad y vigilancia.
3. Falta de autonomía del sistema.
4. Insuficiente rehabilitación social.
5. Falta de estrategias para la inserción del privado de la libertad.
Álex Gavilanes, Grupo de Agentes Penitenciarios Pasivos del Ecuador (APPE), recuerda que el 2015, comenzó un conflicto de intereses entre la Policía y Agentes Penitenciarios, que desató problemas de control.
“Desde 2013, la Policía se hizo cargo del primer filtro y nosotros del segundo. Teníamos el grupo antimotines, inteligencia penitenciaria, grupo canino y la participación el los centros de monitoreo. Eso nos ayudaba a anticipar los hechos. Si se iba a realizar un amotinamiento o entraba un arma, éramos los primeros en saber y notificar porque íbamos a ser los primeros perjudicados de cualquier enfrentamiento. Pero empezó a haber problemas cuando muchas de las armas que entraban eran de dotación policial”, señala.
Su compañero Jhonny Cadena secunda esa idea. “La policía tiene a cargo las requisas, pero muchas de estas son planificadas y no todos entran por sacar armas, sino que algunos entran para dejarlas. (...) Ellos ni siquiera son revisados antes de entrar a las cárceles, y los sistemas de detección ni sirven”, menciona.
En 2015, continúa Gavilanes, “quienes estábamos en la Unidad de Inteligencia Penitenciaria, fuimos trasladados a centros pequeños, con el eslogan de que en las regionales no se necesitaba esa unidad, y desde esos espacios nos fueron dando por terminado uno a uno los contratos. (...) Ahora, los guías penitenciarios no han quedado ni para abrir y cerrar puertas”.
Hasta 2017, al dividir a todos grupos de guías penitenciarios, las unidades desaparecieron. Eso provocó que los guías se vuelvan débiles y las cárceles vulnerables a enfrentamientos, añade Gavilanes.
Al llegar a la cárcel pequeña, en 2018, él fue despedido bajo el mismo argumento de reducir el gasto público, pero sin beneficios. “Hasta ahora no me liquidan. Yo pensé que esto era un caso aislado, pero luego al crear este grupo me di cuenta de que éramos varios”, afirma.
650 GUÍAS PENITENCIARIOS PIDEN SER REINTEGRADOS AL SISTEMA
Según APPE, Ecuador actualmente tiene un déficit del 60 % de guías penitenciarios, dado que el país cuenta con alrededor de 1.500 guías para 40.000 privados de la libertad, cuando la Organización de Naciones Unidas (ONU) recomienda un agente por cada 10 reclusos.
Por ello, Gavilanes pide que el Estado considere la reintegración de algunas personas que han salido de manera injustificada de las cárceles, quienes tienen experiencia y capacidad para controlar el interior de las cárceles, afirma.
Al pertenecer al grupo de inteligencia penitenciaria y haber salido del sistema penitenciario por causas que, asegura Gavilanes, fueron injustas y no tuvieron que ver con actos de corrupción. Él y Cadena estructuraron un plan para presentarlo ante las autoridades.
“En 2019, después del primer amotinamiento con muertes, nosotros le hicimos llegar nuestro plan al entonces subsecretario (Derechos Humanos) Ernesto Pazmiño. Le contamos por qué antes no habían sucedido estas atrocidades. Era porque había estas unidades tácticas y había un plan”, señala.
Pazmiño dio paso a su propuesta, se hicieron mesas de trabajo, pero tiempo después el trabajo se estancó tras la salida del funcionario. Cuando asumió Edmundo Moncayo también se logró un acercamiento “Incluso accedió a dar paso a nuestro reintegro”. Sin embargo, por problemas burocráticos y falta de presupuesto, la promesa se cayó.
En septiembre de este 2021, volvieron a proponer un proyecto que incluye la integración de los 650 agentes, esta vez al entonces director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Fausto Cobo. En esa fecha, el SNAI aseguró que se analizarán las propuestas y que se llamará a representantes de la APPE para armar mesas de trabajo. Sin embargo, con la salida de Cobos, la propuesta de los guías en estado pasivo continúa estancada.
Según Gavilanes, las personas que integran la agrupación ya tienen experiencia de dos a tres años en el sistema carcelario, por lo que el Gobierno podría ahorrar recursos, afirma. “Sin embargo, no queremos volver a ser parte un problema, sino que también haya cambios. Queremos que nos den paso a la profesionalización y que el cuerpo de seguridad no esté subordinado a la Policía Nacional, que vuelvan los grupos de inteligencia, que podamos acceder a los sistemas de vigilancia”, sostiene.
LA PROPUESTA DE LOS GUÍAS PENITENCIARIOS
1. Transformar al sistema carcelario en una entidad autónoma y autosustentable con bajo presupuesto y ahorro para el Estado. Según APPE, la reincorporación de los agentes representaría un ahorro de entre 5 y 8 millones de dólares para el Estado.
2. Crear un plan de rehabilitación para que los presos generen sus propios ingresos para que puedan mantenerse a ellos y su familia.
3. Fortalecimiento inmediato de las filas de agentes penitenciario con el reintegro de guías que fueron separados por terminación de contrato o renuncias voluntarias
4. Crear grupos especiales para enfrentar amotinamientos, salidas a audiencias, a casas judiciales, hospitales, traslados de alto riesgo. Así, dice el plan evitar que los policías y militares hagan ese trabajo.
5- Definición de estrategias encaminada a que la Policía y el Ejército cumplan sus funciones fuera del sistema carcelario. Según la entidad, actualmente 4.500 efectivos policiales y 1.500 como inteligencia policial.
Según el documento, cada una de las propuestas macro que presentan tienen un proyecto desarrollado, que será entregado, “siempre y cuando sean tomados en cuenta para direccionarlos y ejecutarlos”.
