Exfuncionario del Secob y su esposa están implicados en concusión, por cobros a empresa contratista
Exfuncionario del Servicio de Contratación de Obras (Secob) y su esposa fueron procesados por su presunta participación en el delito de concusión: son investigados por denuncia interpuesta por la gerencia de una empresa contratista.
Según una denuncia presentada en Fiscalía por funcionarios de una empresa contratista, en mayo de 2022, un exfuncionario del Secob habría solicitado pagos económicos para gestionar el cobro de planillas de la empresa dedicada a realizar obras en la provincia.
Los hechos se habrían suscitado en 2015: el exfuncionario solicitó el pago de 8.000 dólares a la compañía contratista encargada de la construcción de un colegio réplica en el cantón Isidro Ayora, en Guayas.
Estos pedidos económicos fueron cancelados en partes. Primero con un cheque de 5.000 dólares, girados a nombre de la esposa del exfuncionario, Liliana Paola S. F.; otro pago de 1.500 dólares en efectivo y, finalmente, 1.500 dólares en transferencia bancaria.
Iniciada la fase investigativa –y con el acopio de elementos de convicción de las diferentes entidades estatales, financieras y bancarias– Fiscalía solicitó a un juez de Garantías Penales órdenes de allanamiento y boletas constitucionales de detención para varias personas, mismas que se hicieron efectivas en operativos ejecutados en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, la madrugada del 12 de enero.
Tres personas fueron detenidas y trasladadas a la Unidad Judicial de Samborondón (por ser la jurisdicción que lleva el proceso), en Guayas, donde fueron puestas a órdenes de las autoridades judiciales para la respectiva audiencia de formulación de cargos.
FORMULACIÓN DE CARGOS
En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada la tarde y noche del jueves 12 de enero en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Samborondón (sede de las investigaciones), el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, presentó como elementos de convicción: los informes investigativos y los partes de aprehensión elaborados por la Policía Judicial, las copias de la adjudicación del contrato, versiones de los representantes de la empresa perjudicada, el informe ejecutivo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), los informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Contraloría General del Estado.
Además, las copias certificadas de las bitácoras y documentos bancarios (microfilm del cheque utilizado, transferencias bancarias, entre otros), el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y demás documentación que se encuentra ingresada en cadena de custodia.
El juez de Garantías Penales, Fausto Inca, acogió en parte el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Giovanni Fernando C. M., exfuncionario del Secob, mientras que para Liliana Paola S. F., medidas cautelares de presentación periódica ante Fiscalía y prohibición de salida del país.
A un tercer investigado, identificado como U. H. M., Fiscalía no le imputó cargos, una vez que rindió la versión de los hechos e informó su situación real en el proceso investigativo.
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 281, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de concusión con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
