Ex trabajadores de Perenco reclaman valores adeudados por la petrolera francesa en Ecuador
Tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Ecuador y Perenco para el pago de una millonaria indemnización, los ex exempleados de la petrolera francesa se pronunciaron para exigir el pago de valores pendientes.
Serían alrededor de 560 personas las afectadas por un monto mínimo de $ 25 millones. Mediante un comunicado, el gremio mencionó que el Ministerio de Economía y Finanzas resolvió con Perenco un plan para cumplir con el pago de la indemnización establecida en un laudo arbitral, en el que Ecuador fue condenado.
Se indica también que, luego de los ajustes entre ambas partes, se acordó un cronograma de pagos que se extiende hasta finales del año 2023, por un valor establecido en $ 351,69 millones más intereses.
"Perenco ha indicado que aceptó dicho pago y los plazos establecidos. Ex trabajadores de Perenco denunciamos a la opinión pública, que a pesar de que las entidades del sector público han acordado con Perenco, el 26 de octubre de 2022, el pago de los valores adeudados por Impuesto a Renta, no han realizado ninguna gestión, como es su obligación, para lograr que Perenco pague los valores que adeuda por utilidades a sus ex trabajadores", reclaman en su escrito.
Por lo que, solicitan a la Presidencia de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Trabajo, Procuraduría General del Estado para que "informen las razones por las cuales no se han incluido en el cruce de cuentas con Perenco el pago de las deudas que tiene con los ex trabajadores, por utilidades no pagadas, y que van desde los años 2002 al 2008".
Asimismo, instan a las Comisiones de Trabajo y de Fiscalización de la Asamblea y la Defensoría del Pueblo, para que tomen acciones en defensa de los derechos de los trabajadores.
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El proceso arbitral del caso Perenco se inició el 30 de abril de 2008, en el cual, la compañía francesa exigía, originalmente, un pago de $ 1.423 millones como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de la adopción de la Ley No. 42 del 25 de abril de 2006.
En ese cuerpo legal se estableció una participación mínima del Estado equivalente a un 50 % de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos; porcentaje que mediante el Decreto Ejecutivo No. 662 de 4 de octubre de 2007, se incrementó al 99 %.
Entonces, la empresa -que ya no opera en el país- acudió al tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI, del Banco Mundial).
