Dos expolicías fueron procesados por presunta tentativa de asesinato en el caso de Aldo Zambrano
Este lunes, 30 de agosto, el juez Reinaldo Cevallos admitió el pedido de la Fiscalía General del Estado de formular cargos en contra de dos exagentes policiales que participaron en un operativo del ocho de junio del 2010, cuando Aldo Zambrano fue confundido por sacapintas y los policías le dispararon 11 veces en Guayaquil.
En la audiencia desarrollada en la Unidad Judicial Nº2, al norte de la ciudad, el fiscal Esteban Coronel presentó más de ochenta elementos de convicción que sustentan el inicio del proceso penal en contra de los expolicías Marlon Fernando M. y Fausto Herminio V., por su presunta participación en el delito de asesinato, bajo la modalidad de ejecución extrajudicial.
El juez dictó para los procesados, orden de presentación periódica y prohibición de salida del país. Además, se dictaron medidas de protección para Aldo y su familia, quienes ya tenían custodia policial de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.
Aldo Zambrano trabajaba como taxista para una empresa y, aproximadamente a las 14:00 del día de los hechos, salió de su vivienda –situada en Guayaquil– se embarcó solo en su vehículo y se dirigió hasta la calle Rodolfo Baquerizo Nazur, en los exteriores del centro comercial “Plaza Mayor”, para recoger pasajeros.
Mientras conducía el vehículo, Zambrano observó que personas cubiertas el rostro con pasamontañas y portando armas de fuego le estaban apuntando, entonces aceleró y, en ese momento, el vehículo recibió diez impactos de bala, dos de las cuales impactaron en el cuerpo de la víctima, afectándole el colón y la espalda.
En esas condiciones, la víctima salió del vehículo por sus propios medios, se recostó boca abajo en el pavimento y recibió un tercer impacto de bala en el muslo izquierdo, que le fracturó el fémur.
Con custodia policial, la víctima fue trasladada a un hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente, y luego a una clínica, de la cual fue dado de alta el 29 de junio del mismo año. Como consecuencia de los hechos, Aldo tiene discapacidad física del 75%.
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Según la investigación, las personas encapuchadas eran integrantes de la Unidad de Delitos Mayores de la Policía Judicial del Guayas. El oficial Marlon Fernando M. estaba al mando del operativo y a sus órdenes el policía Fausto Herminio V., entre otros uniformados, quienes no tenían ningún distintivo de la Policía Nacional.
Los agentes presuntamente desarrollaban un operativo en los exteriores del centro comercial “Plaza Mayor” para aprehender a personas dedicadas al robo de entidades bancarias.
Relacionado con este hecho, se involucró a Aldo por un presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Sin embargo, un Juez dictó sobreseimiento a favor del ciudadano y resolvió que el procedimiento policial fue arbitrario y negligente.
Por su parte el abogado de la familia de la víctima informó que la formulación de cargos en contra de dos exagentes es insuficiente, pues en el operativo participaron 11 policías.
“Yo acusé a todo el mando policial, denuncié que participaron desde el Comandante de Policía Freddy Martínez para abajo: Coronel Tamayo, el Mayor Naranjo y todos los demás en su grado de participación”, dijo César Banda.
Sin embargo, desde ayer se abrió la instrucción fiscal de noventa días, en la que se deberá presentar pruebas para que el fiscal vincule a los demás agentes. Serían 16 policías, entre quienes participaron en el operativo y los de la línea de mando.
“Lo siguiente es la reconstrucción de los hechos, que es algo que no se hizo en este caso nunca. Antes era una etapa preprocesal, ahora estamos en juicio, lo cual es un triunfo grande porque han pasado 11 años hasta que eso se logre”, señaló Banda.
En este caso también estuvieron implicados otros actores como médicos y fiscales que aportaron en diferentes violaciones a los derechos de Aldo, pero el abogado informó que en el caso del personal médico del Hospital Luis Vernaza no serán acusados.
“Fueron intimidados por los policías para que le den el alta a Aldo, antes de tiempo. Por miedo y terror, creemos que no son sujetos principales de nuestra justicia y nuestro trabajo está dedicado exclusivamente a los policías que son los asesinos y los genocidas”.
En cuanto a una fiscal que interrumpió el proceso, se realizará una queja al Consejo de la Judicatura, después de las resoluciones de la justicia.
“Es un crimen de Estado, queremos que nunca más un caso como el de Aldo pase en el Ecuador, estamos peleando por las futuras víctimas que no tienen que darse nunca más”, finalizó Banda.
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