Dictan prisión a la madre de la niña asesinada en el sur de Guayaquil: estas son las versiones del crimen
La menor fue encontrada sin vida y con signos de maltratos físicos al interior de su domicilio, ubicado en la cooperativa de vivienda Assad Bucaram, en el sur de Guayaquil.
En audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso presentó el parte informativo, el acta de levantamiento de cadáver, la denuncia y el reconocimiento de la mujer procesada (madre de la víctima) el informe preliminar investigativo de la Policía Nacional, versiones de familiares, vecinos, entre otros.
Ante aquello, un Juez de Garantías Penales acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Enyimar Andreina M. H. En noventa días se cerrará la instrucción fiscal.
Versiones del asesinato
Según la denuncia de la madre de la víctima, ella llegó a su domicilio el 8 de julio, después de su jornada de labores, y encontró a su hija de tres años de edad desmayada en una tina en el baño, con aparente pérdida del conocimiento.
Agregó en su escrito que recogió a la niña y la trasladó al Hospital de Niños Dr. Francisco de Icaza, donde los galenos indicaron que llegó sin signos vitales, además de presentar señales de maltrato (hematomas), lo que probablemente habría causado su muerte.
La mujer puso la denuncia en Fiscalía, pero la institución ya había iniciado de oficio la investigación de este caso.
Según versiones de vecinos, la madre y el padrastro (ambos de nacionalidad venezolana) se encontraban en el domicilio junto a su niña, el día de los hechos.
Vecinos afirman que la menor era constantemente maltratada por el hombre e incluso por la madre.
“Las pocas veces que la veíamos la cargaban bien peinada, pero era para pedir ropa y plata a los semáforos”, contó un morador al medio Ecuavisa.
Se conoce que, Yéremi Xavier D. S., pareja de la procesada y padrastro de la víctima, habría huido del lugar el día del crimen. Fiscalía solicitó al Juez una boleta de detención con fines investigativos, pero hasta ahora se encuentra prófugo.
La Fiscalía procesó este caso con base en lo dispuesto en el artículo 140 numerales 1, 2 y 4, del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el delito de asesinato con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
