Dos sujetos enfrentan cargos por desaparición con resultado de muerte, tras hallazgo en basurero de Quito
La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas ha reformulado los cargos por desaparición involuntaria con resultado de muerte contra Roberto Javier G. P. y Francisco Antonio S. S., quienes están siendo procesados en relación con el caso de Franklin Walter López Delgado, reportado como desaparecido el 27 de enero de 2024.
El resultado de la muestra de ADN, tomada de un torso humano encontrado en el botadero de basura de El Inga, en el nororiente de Quito, ha concluido que dichos restos pertenecen a la víctima.
En la audiencia de reformulación de cargos, donde se mantuvo la orden de prisión preventiva para los procesados, el Fiscal del caso explicó que ambos ciudadanos, compañeros de trabajo de Franklin, fueron los últimos en verlo con vida.
Coincidentemente, Roberto Javier G. P. y Francisco Antonio S. S. presentaron su renuncia al trabajo al día siguiente de la desaparición de la víctima, tras siete años de labores. Durante la investigación, ambos se han acogido al derecho al silencio.
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La denuncia de la hermana de Franklin señala que un compañero de trabajo llamó el 26 de enero de 2024 para informarle que Franklin no había llegado a laborar. Trató de comunicarse con él, pero su celular estaba apagado.
Al día siguiente, la mujer viajó de Guayaquil a Quito para buscarlo en su vivienda, en San Bartolo, en el sur de la capital, pero no lo encontró. Vecinas informaron que el 23 de enero, Franklin estaba con unos amigos y que desde esa noche no lo volvieron a ver.
Con estas referencias, la Fiscalía y la Dinased iniciaron la investigación y solicitaron los videos de las cámaras de vigilancia del sector. En uno de ellos se ve que la noche del 23 de enero, Franklin conversaba con Roberto Javier G. P. y Francisco Antonio S. S. en la puerta de su domicilio, luego todos entraron a la vivienda.
Mientras que, la madrugada del 24 de enero Javier y Francisco salieron del domicilio con fundas y recipientes que arrojaron en diferentes basureros del sector. Siguiendo estas pistas, los investigadores encontraron los restos humanos en el basurero de El Inga.
Esta reformulación ha extendido la instrucción fiscal a ciento veinte días. En tanto que el delito de desaparición involuntaria con resultado de muerte está detallado en el artículo 163.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya pena privativa de libertad va de veintidós a veintiséis años.
