Caso Pampa: Fiscalía vincula a cuatro personas y una empresa por lavado de activos de 31 millones de dólares
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad Selecta Contra el Lavado de Activos (Uisela), ha vinculado a cuatro personas y una empresa a una investigación por el presunto delito de lavado de activos.
Los ciudadanos Yongdeng Z., Julio César L. P., Jairo Hernán M. R. y la empresa Holtexsa S. A., junto con su representante legal Mario Fabián S. R., fueron procesados.
Con esta última vinculación, el número de sospechosos asciende a 21, entre personas naturales y jurídicas. Se les acusa de formar parte de una organización delictiva que habría adquirido bienes muebles, vehículos de alta gama y bienes inmuebles (terrenos, casas, oficinas, bodegas, parqueaderos y más) en las provincias de Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena.
En el sistema financiero nacional se detectaron algunos movimientos inusuales de los integrantes de esta organización, por un monto aproximado de 31’000.000 dólares (entre 2015 y 2024).
La audiencia, inició el 9 de mayo y continuó los días 13 y 14 en el Complejo Judicial Norte de Quito, con un juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.
Lea también: Ascienden a 25 los vinculados en trama narcodelictiva asociada a un líder albanés prófugo
Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los vinculadas; sin embargo, el Juez acogió parcialmente el pedido y resolvió: prisión preventiva para Yongdeng Z. y Jairo Hernán M. R., mientras que para Julio César L. P., presentaciones periódicas dos veces por semana.
En cuanto a las medidas de carácter real, el Juez ordenó la incautación y la prohibición de enajenar bienes, la inmovilización o congelamiento de las cuentas, y la prohibición temporal de transferir, enajenar o mover fondos, activos e inversiones, tanto de los procesados como de la empresa Holtexsa S. A.
Entre los bienes sobre los que se ordenó la incautación constan: motocicletas, automóviles, lotes de terreno (en Palora, Guayaquil, La Maná y Valencia), inmuebles (en Quito y Guayaquil) y, al menos, seis cuentas bancarias de los ahora procesados.
