Asamblea aprueba Ley contra el consumo y microtráfico de drogas
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 4 de junio la Ley Orgánica Contra el Consumo y Microtráfico de Drogas.
Esta es la sexta norma procesada en modalidad virtual. La votación del proyecto de reformas, se ejecutó mediante dos mecanismos, tras la moción presentada por el ponente del proyecto Héctor Yépez, además presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, mesa que elaboró el informe final de este proyecto de ley.
Tras la explicación de los principales cambios recogidos en los dos debates, el legislador ponente planteó que se vote el proyecto en dos bloques.
El pleno de la Legislatura se pronunció, por una parte, con 128 votos a favor de la totalidad del texto normativo, exceptuando los artículos 7, 17 y 19. En un segundo momento, aprobaron con 85 votos afirmativos, los artículos restantes: 7, 17 y 19 que resultaron ser los nudos críticos en el marco del debate de esta ley.
"Se entrega al país una normativa para salvar vidas y garantizar la ayuda a las familias. Además, tiene herramientas para el control pero respetando los derechos e impulsando mecanismos de prevención adecuados" dijo Yépez.
Tras dos jornadas de debate, la Comisión de Gobiernos Autónomos registró los aportes que definieron el texto final del proyecto. Sobre el artículo 2, se unifica en un solo texto y se recalca que las tareas de prevención corresponden a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipal y metropolitano, mismas que constan en la Ley de Prevención de Drogas.
No se fijan porcentajes sobre los recursos pues violarían la autonomía consagrada en la Constitución y en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad), además de referirse que los GAD deberán destinar recursos en función de cada cantón.
Sobre el artículo 3, se precisa que la Autoridad de Educación a nivel nacional junto con los GAD deberán delinear políticas de prevención sobre el uso y consumo de drogas.
Sobre el artículo 6, en lo referido a las campañas de prevención, se mantiene que la entidad encargada de la materia de drogas y los GAD, realizarán campañas de prevención del consumo de todo tipo de drogas aprovechando las tecnologías de la información y comunicación.
En el artículo 8, se incorpora al texto lo referido a la potestad de los GAD sobre los servicios y programas de tratamiento y rehabilitación de consumidores que deberán incluir componentes de atención a sus familias y su círculo íntimo, especialmente de los grupos de atención prioritaria.
De la Conformación del Comité Interinstitucional, en el artículo 9, se incorporó el texto que detalla que conformarán dicho comité los representantes de los estudiantes tanto del nivel superior como de secundaria.
En la primera disposición transitoria se especifica que el Ministerio de Salud Pública, tras la aprobación de la ley, emitirá la regulación necesaria en lo referido al impulso, apoyo y creación de centros ambulatorios especializados para atender a personas consumidoras esto en apoyo a los GAD.
En la segunda se acoge la sugerencia para que los GAD emitan las regulaciones necesarias para hacer efectiva la política de prevención integral de uso y consumo de drogas.
Finalmente, la tercera disposición precisa que el Ministerio de Eduación en 120 días de publicada la ley, junto con el Ministerio de Gobierno emitirán las rutas y protocolos especializados para la detección y abordaje de este fenómeno, dentro del sistema de educación nacional.
El organismo legislativo se pronunció sobre los artículos que generaron amplio debate.
En lo referido al artículo 7, se agregaron los ámbitos referentes a la Prevención y Abordaje en el sistema educativo, así como la Prevención y Monitoreo en Centros Educativos, donde se señala que se pueden instalar cámaras, vigilancia o monitoreo en función de la disponibilidad de recursos de las instituciones educativas, pero que estas se deben instalar en el exterior de las escuelas para controlar el expendido de las sustancias.
El artículo 17, reforma al Cootad sobre la regulación, prohibición y control del consumo de drogas en los espacios públicos o en establecimientos y eventos de concurrencia masiva, según las ordenanzas municipales o metropolitanas. En este texto se recalcó que los fines son de carácter de prevención y con sanción de carácter administrativa, pues a decir del ponente de la ley, no se trata de criminalizar.
Al respecto, varias agrupaciones cannábicas, de investigación, asociaciones, cooperativas de la economía popular y solidaria, activistas y otras ONGS del país realizaron una rueda de prensa por la "criminalización de personas inocentes dentro del Proyecto de la Ley Orgánica contra el Consumo y Microtráfico de Drogas", indican en su convocatoria.
Dentro de una carta abierta, entregada por Diana Maldonado, vocera de la organización Guayaquil Cannábico se indica que esta Ley no desarrolla metodologías contra el microtráfico realmente.
"Esta es una expresión que en el lenguaje policial o mediático alude a los tipos penales de tráfico a mínima y mediana escala establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (Art. 220). Penaliza el uso o consumo de sustancias sujetas a fiscalización en el espacio público, dando competencias a los municipios, convirtiéndolos en sucursales de la policía antinarcóticos.
Con ello, el proyecto busca criminalizar a personas y grupos humanos de usuarios que nada tienen que ver con cualquiera de las formas de tráfico ilícito de drogas", dice el documento.
El proyecto, explican, considera la simple posesión o uso de drogas como delito flagrante y descalifica a las personas como "adictas".
