A días de su salida, el Gobierno da luz verde para elevar la presa de desechos en Mirador, la Relavera Tundayme
Por Alejandro Pérez y Bastian Kaiser
En las últimas semanas, la presa de desechos mineros del proyecto Mirador, más conocida como relavera Tundayme, ha sido motivo de controversia porque un estudio de una consultora internacional y promovido por organizaciones ambientalistas pronostica el fallo de la infraestructura, lo que podría ocasionar severos daños ambientales. Sin embargo, la empresa de capitales chinos EcuaCorriente desestimó ese informe. El debate se producía cuando esa presa estaba proyectada con 260 metros de altura. Pero el 17 de noviembre pasado, a menos de una semana de que termine el gobierno de Guillermo Lasso, el Ministerio de Energía y Minas aprobó la “ingeniería detallada” para el “recrecimiento”. La proyección es que progresivamente alcance los 320 metros de altura, lo que la convertirá en la relavera más alta de mundo. Según el portal especializado Global Tailings, la que actualmente ostenta ese puesto es la relavera de Cerro Verde, en Perú, con 265 metros y construida en 2015. No hay ninguna que supere los 300 metros.
Es primordial el permiso para aumentar el tamaño de la relavera porque Mirador se prepara para una expansión. Actualmente, con una mina a cielo abierto, el proyecto extrae 60 mil toneladas diarias de roca para procesarla y obtener cobre. De ese material, solo el dos por ciento se convierte en concentrado de cobre, que se exporta a las refinerías en China. El resto va a parar las relaveras. El plan de expansión plantea la excavación de una segunda montaña o “tajo de mina”, como llaman los mineros, para elevar la producción a 140 mil toneladas diarias.
Es la primera mina a cielo abierto en Ecuador, que firmó contrato con el estado ecuatoriano en 2012, empezó a producir en 2019 y tiene una vida útil de 30 años. Está asentada sobre la Cordillera del Cóndor, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, una zona de alta biodiversidad.
El dilema en la Cordillera
La Cordillera del Cóndor es el escenario de un dilema global. La protección del clima y de la naturaleza parecen estar irreconciliablemente enfrentadas aquí. El mundo necesita cobre para avanzar en la transición energética. En promedio, un vehículo eléctrico contiene casi tres veces más cobre que un vehículo de combustión interna. Un solo aerogenerador moderno puede consumir hasta 30 toneladas. Según las previsiones de la consultora McKinsey & Company, la demanda mundial de cobre podría aumentar a 36,6 millones de toneladas anuales para 2031. El gobierno ecuatoriano quiere participar en este negocio, pues se beneficia de las regalías e impuestos que paga la mina. ¿Pero a qué precio? Expertos, ambientalistas e indígenas como Luis Sánchez, presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), advierten sobre daños ambientales irreversibles. EcuaCorriente dice que quienes se oponen solo intentan retrasar el desarrollo de la industria minera.
Hace 20 años Tundayme era una parroquia olvidada con unos cientos de habitantes dedicados a la agricultura. No imaginaban que de la tierra saldrían miles de millones de dólares, aunque muy poco se queda ahí. Cada año, Mirador exporta más de mil millones de dólares en concentrado de cobre. En 2022 generó más de 280 millones de dólares en impuestos para el Estado. Y en Tundayme, la empresa, dice haber aportado poco más de un millón de dólares en promedio durante la última década para gestión social.
En el centro del pueblo está la plaza central con un letrero en mayúsculas de aproximadamente un metro y medio de altura con el nombre de la parroquia, frente al cual rara vez alguien se saca fotos. Justo encima, la empresa que lo controla todo en este lugar se ha inmortalizado en letras color cobre: ECSA, la abreviatura del operador minero EcuaCorriente S.A., que también patrocina el Wi-Fi público. En la entrada del pueblo, un letrero indica a quién debe su iluminación pública Tundayme: ECSA.
Muchos están a gusto con la minería, pues trabajan directa o indirectamente para EcuaCorriente. Pero hay otro sector que rechaza el proyecto. En septiembre de 2015, las casas de 16 familias que vivían en el sector de San Marcos, en el área donde ahora se asienta la primera piscina de desechos mineros, denominada “Quimi”, fueron destruidas, ya que sus pobladores no querían salir y el Estado declaró al proyecto de interés nacional. Y los desalojos continuaron.
Los indígenas liderados por Luis Sánchez continúan luchando contra el proyecto. En marzo de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió una demanda que acusa al Estado ecuatoriano de no haber protegido adecuadamente el medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas por el proyecto minero Mirador. Argumenta que el Estado ecuatoriano otorgó licencias y permisos para la minería sin considerar adecuadamente los impactos ambientales y sociales. Se señala que el proyecto minero afectó la calidad de vida, la biodiversidad y la calidad del agua en la región.
Para el Estado y para la minera esto no tiene fundamento porque ya un Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil de Pichincha rechazó una demanda contra el proyecto Mirador en marzo de 2013, que presentó un grupo de defensores de los derechos humanos, ambientalistas e indígenas. Por eso recurrieron a la CIDH. Uno de los firmantes de la petición fue el líder shuar José Tendetza, quien fue encontrado muerto en el río Zamora en 2014. Su asesinato sigue sin resolverse.
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Las observaciones y el acelerador
El proyecto no ha estado exento de problemas. En 2018, el Ministerio de Ambiente ordenó la paralización de varios frentes de Mirador porque el plan de manejo ambiental no se habría estado cumpliendo. Los informes hacían referencia a una escombrera y la segunda piscina de desechos mineros, más conocida como relavera Tundayme, que ahora provoca el temor de los sectores ambientalistas. EcuaCorriente habría iniciado obras sin contar los permisos para la construcción de esa relavera que recién se aprobaron en 2019 con una altura de 260 metros. Y el 17 de noviembre de 2023, el Ministerio de Energía y Minas, mediante resolución MEM-CZS-2023-0543-RM aprobó el “recrecimiento”, que implicaría un aumento progresivo hasta llegar a 320 metros. El trámite empezó septiembre a pedido de la empresa. Entre algunos aspectos técnicos, el informe señala que frente a una eventual erupción del volcán Sangay, “no existe falla de riesgo estructural. También pide “desarrollar reuniones de socialización, simulacros y talleres” para tener protocolos de alerta temprana y rutas de evacuación.
A inicios de noviembre, EcuaCorriente invitó a un grupo de periodistas para visitar la mina y asegurar que la relavera cuenta con todos los estándares mundiales y permisos de las autoridades ecuatorianas que descartan un fallo o rotura de la presa en el futuro. En ese momento Wilma Pazmiño, gerente de Gestión Ambiental de Mirador, dijo que estaban analizando la ampliación de la relavera. Sobre las observaciones dijo que tuvieron que parar unos frentes de la mina, pero afirmó que todas esas “no conformidades” que presentaron las autoridades en 2018 se fueron resolviendo una a una. Además, cree que hubo un “tema político”, pues se recogieron “no conformidades” desde 2014 a 2018.
Según los técnicos de la empresa, a medida que se eleva la altura de la presa, se fortalece su resistencia y se vuelve más segura. “El cuerpo de la presa se hace mucho más robusto y el embalse tiene mayor capacidad de soportar precipitaciones máximas probables”.
La Contraloría emitió un informe que alertaba que los ríos Tundayme, Quimi y Wawayme, que están dentro del proyecto, habían superado los límites permisibles de concentración de metales. Pazmiño aseguró que se han hecho canales para todos los afluentes, grandes y pequeños, para que no entren en contacto con partes de la mina que podrían contaminar las aguas. Además, dijo que, de las 1.400 hectáreas intervenidas, ya han revegetado 300 y reforestado 100. Pero asimismo ya empezó el desbroce de otras 600 hectáreas para el segundo “tajo de mina”.
Eso supone una inversión de 600 millones de dólares y apresura la construcción de una segunda planta de procesamiento. También urge la autorización para la fábrica de explosivos que quedó construida, pero no cuenta con los permisos para operar. Desde 2017, EcuaCorriente empezó a construir aquella fábrica sin el permiso del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. En 2019 lo requirió cuando prácticamente la planta estaba lista. Las organizaciones ambientales, dicen que, así como pasó con la fábrica, ha sido el denominador común con las otras obras de infraestructura de la mina: primero se construyen las obras y luego los permisos.
Cada día a las seis de la tarde se colocan explosivos en el primer tajo de mina para seguir excavando el gigantesco hueco. Para eso importan semanalmente toneladas de explosivos desde Perú. Cuando esté listo el segundo tajo, necesitarán la fábrica in situ. Pazmiño dijo que todas las obras tienen los permisos correspondientes y que están tramitando el que habilite la fábrica, pues nunca ha sido utilizada.
EcuaCorriente también tiene en carpeta la construcción de una hidroeléctrica, que estaba proyectada cuando inició el proyecto para abastecerse de su propia electricidad. Además, ofreció la construcción de su propio puerto en el cantón costero de Machala, para llevar el material directo a China. Para ello, los capitales chinos constituyeron dos empresas que todavía están activas, según los registros de la Superintendencia de Compañías: Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A. y Puertocobre S.A. Y eso se vuelve urgente si China conquista el segundo proyecto a cielo abierto en la Cordillera del Cóndor.
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La conquista de la Cordillera
A pesar de que Mirador es el primer y más grande proyecto de minería a cielo abierto en Ecuador, en unos años es posible que se inaugure el segundo, que será el doble de grande. Se trata de San Carlos Panantza, ubicado en la provincia de Morona Santiago, en fase de exploración, pero que está detenido porque un fallo de la Corte Constitucional le dio la razón al pueblo Shaur Arutam. La sentencia emitida en 2022 negó la licencia que el Ministerio de Ambiente otorgó a la empresa china ExploCobres en 2011, por falta de consulta previa a las comunidades indígenas. Voces desde EcuaCorriente dicen que hay intereses de la minería ilegal que les conviene tener detenidos los proyectos industriales.
ExploCobres, empresa que tiene los mismos accionistas que EcuaCorriente, espera a que el Estado organice la consulta previa y salir victoriosa para pasar a la fase de explotación en San Carlos-Panantza. Según el Ministerio de Finanzas, se espera que los chinos inviertan más de 3.000 millones de dólares en ese proyecto.
Por otra parte, Jaime Palomino, presidente del Pueblo Shuar Arutam, dice que el proyecto Mirador ha implicado persecución, despojo y contaminación para los habitantes, lo que teme se repetiría en San Carlos Panantza. En esa línea, el activismo de Luis Sanchéz hizo que en noviembre organizara un evento informativo junto a las organizaciones Acción Ecológica y Latinoamérica Sustentable en Limón Indanza, aproximadamente 120 kilómetros al norte de Tundayme.
"Yo no vengo a contar nada, compañeros. Yo vengo aquí a dar testimonio de lo que está pasando en el territorio", gritó Sánchez al micrófono. Unas docenas de personas estaban en el salón del evento en las afueras de la ciudad. Indígenas de Zamora Chinchipe y Morona Santiago respaldan su lucha, pero no son todos. Los pueblos han quedado divididos entre quienes respaldan la minera y quienes se oponen.
La empresa china dice que no persigue a nadie. Que, por el contrario, aporta el desarrollo. Es el caso de Segundo Toledo y su esposa. Tienen un restaurante justo en la plaza de Tundayme, a donde llegan los empleados de EcuaCorriente con sus camisas azules: la bandera ecuatoriana bordada en el hombro izquierdo y la bandera china en el derecho. Toledo cuenta cómo llegó a Tundayme en 1999. Su empresa trabajaba por encargo del operador minero, que en ese momento todavía estaba en manos canadienses. Vio su oportunidad en Tundayme, luego trajo a su esposa. Hoy en día, es el jefe de una empresa constructora con más de 20 empleados. Además del restaurante, la pareja administra dos hoteles en Tundayme, donde trabajan alrededor de 14 personas. «Prácticamente ha movido la economía estos últimos años no solamente para la zona del sector, sino para el sur del país y lógicamente para el país. La gente puede vivir un estilo de vida un poco mejor».
Pero la suerte no es para todos. Jaime Palomino dice que las comunidades indígenas siguen empobrecidas y ahora divididas, y que la minería no puede ni debería ser el único motor de las comunidades de la Cordillera del Cóndor, porque cuando eso se acabe, quedará contaminación. EcuaCorriente dice que nada de eso pasará, que minería y cuidado de la naturaleza pueden convivir.
