Condenan a 31 personas por extorsiones realizadas desde un call center en Quito
Los sentenciados utilizaban plataformas de mensajería instantánea, desde las cuales enviaban fotos y videos de extrema violencia para intimidar a las víctimas.
Treinta y un personas fueron sentenciadas este lunes a penas de entre doce y dieciocho meses de prisión por el delito de asociación ilícita, tras ser procesadas por participar en actividades extorsivas ejecutadas desde un call center ubicado en el norte de Quito.
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Durante la audiencia preparatoria de juicio, los procesados solicitaron acogerse a un procedimiento abreviado, conforme al artículo 635 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Al reconocer su participación en los hechos, acordaron con la Fiscalía la pena correspondiente según su grado de responsabilidad.
De acuerdo con la investigación, los involucrados llamaban y enviaban mensajes a personas en el extranjero, exigiéndoles dinero a cambio de no atentar contra su integridad.
Para ello, utilizaban aplicaciones como Pegasus, Rimbill y plataformas de mensajería instantánea desde las cuales enviaban fotos y videos de extrema violencia —incluidas escenas de mutilaciones— para intimidar a las víctimas.
La fiscal a cargo del caso presentó testimonios de los propios acusados y de los agentes de Policía que ejecutaron el operativo el 25 de junio de 2025, así como pericias de informática forense, reconocimiento del lugar de los hechos, análisis financiero y hallazgos tras una revisión de evidencias digitales.
Diez procesados fueron sobreseídos
Los 31 sentenciados formaban parte de un grupo de 44 personas inicialmente procesadas por asociación ilícita.
Aunque la Fiscalía solicitó que todos ellos fueran llamados a juicio, la jueza del caso solo aceptó el pedido para tres procesados y dictó auto de sobreseimiento para los otros diez. La fiscal anunció que apelará la decisión, al considerar que no se valoró toda la evidencia.
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Durante la investigación, la Fiscalía también identificó posibles delitos conexos, como enriquecimiento privado no justificado, violación a la intimidad y pornografía infantil. Por estos hechos, la institución abrió nuevas investigaciones
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