La Policía Nacional intervino un centro de almacenamiento y distribución clandestino de diésel en la comunidad El Arroyo, perteneciente al cantón Montecristi, en la provincia de Manabí.
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Según las autoridades, el sitio era un punto de abastecimiento de combustible para operaciones ilícitas, como actividades de minería ilegal. Durante el allanamiento, se hallaron cinco tanqueros cargados con diésel y ocho contenedores plásticos que sumaban aproximadamente 18.000 galones del hidrocarburo.
Además, fueron incautados varios elementos para posteriores investigaciones, entre estos USD 7.200 en efectivo, cuatro cheques por un total de USD 7.000, teléfonos móviles y tres armas de fuego.
El general Giovanni Naranjo, comandante de la Policía en la zona, calificó la acción como un "duro golpe" contra las redes delictivas que se financian a través del comercio ilegal de combustibles.
También señaló que el combustible habría sido obtenido mediante métodos ilícitos, posiblemente a través de perforaciones a oleoductos que operan en la zona.
Durante la operación fueron detenidas siete personas que se abstuvieron de colaborar con información durante el procedimiento.
La Policía agregó que en el terreno intervenido también se encontraba un taller mecánico, que funcionaba sin los permisos legales requeridos.
El pasado 12 de septiembre, el Gobierno eliminó subsidio al diésel, argumentando que durante décadas representó una carga anual de cerca de USD 1.100 millones para las finanzas públicas. Además, señaló que parte de estos recursos eran desviados al contrabando y a actividades de minería ilegal.
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El Ejecutivo adelantó que los fondos se iban a redireccionar hacia programas que "generen un verdadero impacto social y productivo" y anunció varias medidas de compensación a sectores vulnerables, como el Bono Raíces de USD 1.000, al que cerca de 80.000 pequeños agricultores han accedido hasta este jueves, y un programa de compensaciones a transportistas que consiste de pagos mensuales de USD 400 a USD 1.000 a lo largo de al menos ocho meses.
No obstante, el pasado jueves la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) declaró una paralización nacional indefinida en contra de la eliminación del subsidio, que elevó el costo del galón de diésel de USD 1,80 a USD 2,80. Esto ha llevado a una serie de protestas concentradas en las provincias de Imbabura y Pichincha que han dejado, hasta ahora, más de 80 detenidos.
El Gobierno ha ratificado que no cederá a las exigencias del movimiento indígena, mientras que Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, advirtió que este jueves está dispuesto a "llegar a las últimas consecuencias" en su pugna con el Gobierno.