Armada reacciona a video difundido en redes sociales que acusa de corrupción a seis de sus miembros
"La Armada del Ecuador condena cualquier acto de corrupción, así como, la emisión de comentarios infundados que pretendan menospreciar su reputación", concluyó el ente.
La Armada de Ecuador emitió este martes un comunicado en el que se pronunciaba con respecto a una publicación difundida ese mismo día en redes sociales, en las que se vincula a seis miembros de la institución con actos de delincuencia organizada.
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La institución apuntó a través de X que "en procura del buen nombre" se encuentra presta a que las entidades respectivas realicen las investigaciones correspondientes, en caso de haber denuncias sobre las personas mencionadas.
"La Armada del Ecuador condena cualquier acto de corrupción, así como, la emisión de comentarios infundados que pretendan menospreciar su reputación", concluyó el ente, sin precisar si se emprenderán acciones internas para investigar los señalamientos.
La publicación en cuestión, que consistía de un video aparentemente creado con inteligencia artificial en el que se repetía los nombres de los uniformados supuestamente implicados en actos no esclarecidos de corrupción, sin ahondar en lo que habrían hecho, fue eliminada horas después de su difusión.
Alertas sobre desapariciones forzadas
La difusión de los videos incriminatorios coincidió con una presentación de Amnistía Internacional (AI), realizada este martes en Guayaquil, en la que se abordó el incremento de las desapariciones forzadas atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas en Ecuador.
El informe “Son militares, yo los vi” detalla cinco casos ocurridos en las provincias costeras de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas, algunas de las zonas más afectadas por la violencia en el país.
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El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil ha registrado al menos 33 desapariciones en 2024, lo que indicaría una tendencia más generalizada.
“Una política de seguridad que no respeta los derechos humanos no garantiza seguridad para nadie y, por el contrario, suele perjudicar a las mismas comunidades que ya eran víctimas de la violencia criminal. Solo que ahora esa violencia proviene del Estado”, advirtió Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional, durante la presentación del informe.
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