Cuatro personas naturales y siete jurídicas son investigadas por el presunto delito de lavado de activos en Quito. Según el Ministerio Público, la estructura criminal habría ingresado cerca de 36 millones de dólares al sistema financiero nacional, de manera inusual e injustificada.
El pasado 9 de enero del 2025 se desarrolló la audiencia de vinculación contra los nuevos procesados. La Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos explicó que los implicados serían parte de un grupo dedicado a la captación ilegal de dinero.
Básicamente, esta estructura simulaba negocios digitales de trading y criptoactivos para beneficiarse de activos adquiridos con fondos ilícitos.
La Fiscalía menciona que, como parte del esquema para ocultar el lavado de dinero, los investigados habrían creado varias empresas que sirvieron para justificar los ingresos ilegales mediante la compra de bienes muebles e inmuebles, con la fachada de empresas legales para atraer nuevos “inversionistas”.
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Las autoridades también han descubierto que cada implicado cumplía roles específicos dentro del grupo delictivo. Además, se evidenció irregularidades en los contratos y documentos financieros involucrados.
Por esto y otros elementos, el Juez Especializado para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado que conoció la causa dictó prisión preventiva para tres de los vinculados y medidas alternativas para un cuarto implicado. También dispuso la intervención de las siete personas jurídicas y la suspensión temporal de las mismas por parte del ente público de control correspondiente.
Además, se incautará un departamento valorado en 330.000 dólares y cuatro vehículos de alta gama. También se impuso la prohibición de enajenar bienes por un monto total de 8’000.000 de dólares.
Mientras tanto, la instrucción fiscal se extenderá por treinta días más.
Previamente, el Ministerio Público formuló cargos contra nueve personas más, incluidas las empresas ADN Escuela de Negocios y Blue Services Invtech, tras una investigación que comenzó en febrero de 2023, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Las personas que incurren en el delito de lavado de activos pueden recibir una pena máxima de 13 años de prisión, según el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).