Diana Romero
domingo, 30 diciembre 2018 - 01:18
*REPORTAJE PUBLICADO EL 17 DE AGOSTO DE 2018 EN LA EDICIÓN IMPRESA DE REVISTA VISTAZO
El domingo 23 de agosto de 2009 al entonces flamante avión presidencial, Legacy 600, le cayó un rayo en vuelo nocturno sobre la selva amazónica. A bordo no iba el “pasajero 01”, Rafael Correa, sino el canciller Fander Falconí. Tras el susto, la nave continuó con su viaje a Brasil donde entró a reparación, abandonando al viajero.
En 2013, la Secretaría Nacional de Planificación proyectó la compra de un nuevo avión, un Falcon de fabricación francesa, modelo 7X. Cinco años después de recorrer medio mundo, esta nave es la segunda de uso presidencial más moderna de América Latina, solo superada en aviónica por el Dreamliner del mexicano Enrique Peña Nieto.
En 2018 la Contraloría ha anunciado una investigación del uso de ambos aviones VIP que opera la FAE. Se sabrá cuántos vuelos hicieron, qué destinos tuvieron, quiénes fueron los pasajeros (cuando los hubo) y qué cargas llevaron a bordo… Según el asambleísta César Rohon, “parecían un taxi”.
Detrás del hangar
Cuando el presidente Correa llegó al poder en 2007 tenía un viejo avión británico marca Avro que fue incorporado por José María Velasco Ibarra en 1970 y un jet Sabreliner que llevaba dos décadas en servicio. Ambos presentaban constantes bajas por mantenimiento y ninguno de ellos era suficientemente confiable para salir del país.
Para los vuelos internacionales se contrataban aviones de Tame con capacidades de entre 95 y 160 pasajeros. La aerolínea local debía suspender vuelos domésticos porque uno o dos aviones estaban “prestados a la Presidencia”. Solo en 2008 el Presidente hizo 25 vuelos internacionales, más de dos cada mes, en naves de Tame.
En ese escenario llegó el Legacy 600, una versión VIP del Embraer 135. En realidad, en aquellos meses de 2009, el Estado adquirió dos aviones similares. Uno con configuración ejecutiva, con sofá cama, teléfono satelital, microondas, bluray y pantallas LCD de 17 pulgadas; y el otro en versión comercial con capacidad para 35 pasajeros, para Petroecuador.
Cuando el Legacy estaba parado por alguna circunstancia, la petrolera estatal se quedaba virtualmente a pie. Aún hoy ambos aviones comparten un hangar electrónicamente vigilado en Tababela.
Para operarlos estuvo en principio el “Escuadrón presidencial” dependiente de un Ala de Transporte de la Fuerza Aérea. La tranquilidad del Escuadrón se vio alterada en julio de 2010 cuando por decreto ejecutivo, aeronaves y personal pasaron a depender de la Presidencia de la República.
Fue cuando se creó el Servicio de Protección Presidencial a cuyo patrimonio se integró esa dependencia. El experimento duró tres años. En 2013 se entendió que las operaciones aéreas debían por su naturaleza regresar a la FAE.
Desde 2009 ya se reportaba que el Legacy no solo era usado por el Primer Mandatario. En abril de 2009 despegó de Quito sin pasajeros con rumbo a Venezuela. Regresó al mediodía con funcionarios de ese país que debían asistir a la inauguración de la “Ruta de Sucre” en Quito. Dos días después se realizó el
vuelo inverso. La nave despegó con los venezolanos y regresó vacía.
Cosa parecida sucedió un 24 de Mayo cuando a la ceremonia conmemorativa de la Batalla del Pichincha fue invitado el presidente venezolano Hugo Chávez. Cuando el Mandatario llamó a comunicar que no asistiría porque su avión sufrió un desperfecto, el Legacy dijo presente y lo fue a ver en lo que llaman un “vuelo no programado”.
Llega el Falcon
Un estudio de la Fuerza Aérea determinó que se debía adquirir un avión con mejores prestaciones técnicas. Se decidieron por el francés Falcon 7X, fabricado por Dassault, la misma industria que en los años 80 nos vendió los supersónicos Mirage. De hecho el 7X opera con un sistema digital de control de vuelo que fue inicialmente desarrollado para los aviones de guerra.
El ambicioso proyecto implicó no solo los casi 49 millones que costó el avión. Con la capacitación de las tripulaciones y un pool de repuestos la factura subió a 55 millones. Para el mantenimiento correctivo y preventivo se firmó otro contrato, vigente hasta 2021, denominado FalconCare, que cuesta unos 35 mil dólares mensuales. Capacitados para volar ese avión hay seis pilotos y 15 técnicos, todos militares activos. Auxiliares de vuelo de Tame fueron habilitadas para los aviones presidenciales. Toda persona adicional que se incorpora debe firmar una declaración de confidencialidad, so pena de fuertes sanciones.
Un avión similar al Falcon 7X fue adquirido en Francia por el gobierno de Nicolas Sarkozy. A los parisinos les pareció tan espectacular la aeronave que la bautizaron como “Carla One” en alusión a una de sus asiduas pasajeras, la exprimera dama Carla Bruni. La hora de vuelo de este avión está calculada en 4.708 dólares.
En estos aviones, no siempre vuela el Presidente. Aunque la operación está considerada de reservada, algunas pistas pueden ser encontradas en los sitios webs de varios organismos oficiales. Una de ellas es una estadística publicada en 2012 que da cuenta que el pasajero más frecuente es el Canciller con la tercera parte de los desplazamientos internacionales que realizan las aeronaves. Le sigue el Presidente con un 28 por ciento de las movilizaciones, luego el Vicepresidente con menos del 20 por ciento y un restante 18 por ciento para otros funcionarios de la administración pública.
Desde que llegó, hace ya casi cinco años, el promedio mensual de horas voladas por el Falcon es de 38 con un pico de 109 horas en noviembre de 2016, mes que coincidió con el inicio de la última campaña presidencial.
Otra característica de los aviones presidenciales es que no siempre van llenos. Cada uno tiene capacidad para 14 pasajeros pero, por lo general viajan de dos a cuatro funcionarios. En vuelos intercontinentales y de ser necesario, va a bordo otra tripulación conformada hasta por cinco personas. Por ejemplo, en septiembre de 2016, el canciller Ricardo Patiño y dos asistentes volaron 11 horas hasta Argelia a una reunión de la OPEP. En febrero de 2017, vísperas de las elecciones presidenciales, el canciller Guillaume Long viajó a Caracas, La Habana y Nueva York con un asesor. En Venezuela se reunió con migrantes, habló para Telesur y visitó a su homólogo. En Cuba asistió a la Feria del Libro y cenó en Cancillería. En EE.UU. visitó
varios consulados y se reunió con migrantes.
Un año después la canciller María Fernanda Espinosa hizo múltiples viajes oficiales dentro y fuera del continente en fechas que coincidieron con su candidatura a un alto cargo en Naciones Unidas.
Las empresas que ofrecen servicios de rastreo de vuelos a nivel mundial poco aportan a la hora de seguir a cualquiera de las aeronaves presidenciales a través de las nubes. Esto sucede porque al no considerárselos aviones comerciales, sino más bien militares, la información permanece oculta. Sin embarg o, esporádicamente han podido ser detectados, sobre todo el avión Legacy. Entre el 17 y el 29 de marzo de 2017, dos meses antes del fin del gobierno anterior, apareció volando a día seguido, ida y vuelta, entre Ecuador y los estados de Florida y Tennessee, en los Estados Unidos.
Días antes, el periodista Emilio Palacio pidió a los internautas que ingresaran a Internet y confirmaran qué vuelos reportan esos días los aviones. Eran visibles vuelos entre Ecuador y el Medio Oriente del avión Legacy. La revelación alimentó suspicacias sobre usos no adecuados de la flota presidencial.
¿Gastos exagerados?
Apenas la Contraloría anunció un examen a los vuelos de los aviones presidenciales, el expresidente Correa proclamó: “¡Qué bueno! Así podrán confirmar cuántas horas al día trabajábamos por la Patria, y cómo hasta la comida a bordo la preparaban en Carondelet o llevábamos en tarrinas para ahorrar algo de dinero”.
Ante la afirmación, el asambleísta de CREO, Fabricio Villamar, reveló que “las tarrinas” eran bastantes caras. Un documento del Grupo de Transporte Aéreo Especial, difundido por el legislador, da cuenta de que durante un viaje de la canciller María Fernanda Espinosa entre Ecuador y Guatemala, en diciembre de 2017, por el servicio de “catering” se habrían gastado 1.483 dólares. En ese vuelo de no más de cuatro horas debe haberse desperdiciado mucha comida. Una regla sanitaria de aviación obliga a que lo que no se consume en un vuelo debe ser desechado.
El mismo asambleísta hizo visible que preparar comida en Carondelet y llevar en tarrinas no era lo normal. En el presupuesto anual de uso de los aviones hay 448 mil dólares dedicados solo a “alimentos y bebidas” en vuelo. Y no son los únicos gastos. Mantener limpias las aeronaves, incluyendo las alfombras y los apliques de madera del decorado cuesta 30 mil dólares anuales. Dotar de uniformes a pilotos, azafatas y más personal costó 15 mil dólares. Instalar cámaras de vigilancia controladas de manera remota en el hangar, demandó otros 27 mil dólares.
En 2016 la Contraloría hizo un primer examen a las cuentas del Grupo de Transporte Aéreo Especial y emitió algunas observaciones. Se advirtió que en varias contrataciones, a la hora de escoger un proveedor, no se usó el portal de Compras Públicas.
La explicación de la FAE fue que los militares no estaban capacitados para operar ese portal y que el decreto que creó al grupo les da “prioridad sobre cualquier otro proceso para alcanzar agilidad, flexibilidad y operatividad que les permita cumplir con las especialísimas actividades que ejecutan”.
Otra de las observaciones fue sobre una compra de combustible y lubricantes para helicópteros. Se hizo en mayo de 2014 cuando el helicóptero asignado a la Presidencia ya se había estrellado en Huigra tres meses antes. Los casi 20 mil dólares en combustibles y lubricantes se quedaron en las bodegas de la FAE. La Contraloría objetó el hecho de que no se haya tomado alguna medida para su devolución o utilización en otra dependencia militar.
También sin seguir los procesos de contratación se pagó por el servicio de comunicación satelital para dos aviones, un helicóptero y varios equipos portátiles. Entre enero de 2013 y diciembre de 2015 se habrían consumido más de 370 mil dólares por estos rubros. Eso no fue todo, hubo contratos complementarios por 364 mil dólares más “sin observar que los gastos afectarían el presupuesto anual de 2015”.
La Contraloría General terminó observando también un contrato complementario para la inspección del Legacy. Según los auditores, se hicieron modificaciones y se incluyeron nuevos rubros, todo por 399 mil dólares.
Un análisis más profundo a las operaciones de los dos aviones que sirven al Poder Ejecutivo, está en marcha. Según el asambleísta César Rohon, el Contralor habría ofrecido formar una comisión de expertos en aviación para que supervisen el trabajo de control.
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