En arca abierta el justo peca”. Lo dijo el expresidente Rafael Correa a fines del año pasado para explicar el escándalo de corrupción en la Refinería de Esmeraldas, donde el exgerente recibió coimas para adjudicar contratos e incluso contrató a compañías registradas con su nombre en Panamá, según se supo con la publicación de los Panama Papers.
Poco después estalló el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que en Ecuador involucra el pago de coimas por 33,5 millones de dólares y por el que incluso el excontralor Carlos Pólit, la máxima autoridad de control del Estado, está acusado de “concusión”, o de aceptar favores.
En gobiernos pasados el Ecuador vivió graves episodios de mal uso de fondos públicos que terminaron en juicio político y fuga. La diferencia es que hoy, una serie de leyes hace menos probable que la corrupción salga a la luz, a no ser que forme parte de un gran escándalo internacional.
La mayoría de estas normas se gestaron en la secretaría jurídica de la presidencia de Rafael Correa y otras fueron impulsadas en la Asamblea Nacional por Alianza PAIS.
“La corrupción es generalizada en los países en desarrollo, no porque su población sea distinta de la de otros países sino porque las condiciones la propician”, indica un estudio de Transparencia Internacional.
El constitucionalista Jorge Alvear y el asesor en ciencias penales Daniel Kuri analizan diez medidas que propiciaron la corrupción y que mantienen el arca abierta.