Los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos resolverán desde este 1 de abril si el decreto firmado por Donald Trump en enero de 2025, que busca eliminar la ciudadanía automática por nacimiento para hijos de migrantes indocumentados o con estatus temporal, es constitucional o no.
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El concepto de ciudadanía por derecho de nacimiento está consagrado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución y forma parte de la esencia de Estados Unidos como país de acogida.
Esta enmienda fue ratificada tras la Guerra Civil para garantizar que los antiguos esclavos y sus descendientes pudieran acceder a la ciudadanía.
Si los jueces avalan el decreto, se rompería con más de 150 años de jurisprudencia que han respaldado este derecho.
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La resolución definitiva del Supremo se espera en un plazo aproximado de tres meses, mientras que los planes de la Casa Blanca permanecen suspendidos.
Se trata de un caso que podría alterar la situación de millones de personas nacidas en Estados Unidos, especialmente aquellas con padres indocumentados o extranjeros.
El fallo también incide directamente en la política migratoria de “mano dura” impulsada por el presidente estadounidense.
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El tribunal, compuesto por nueve jueces, ya ha anulado parcialmente aranceles considerados clave en la política económica de Trump, y en abril debatirá el fin de las protecciones para migrantes con estatus temporal.
Además, están pendientes resoluciones sobre la facultad del presidente para destituir a miembros de organismos independientes, incluidos los gobernadores de la Reserva Federal.
En este contexto, Trump arremetió contra jueces y magistrados antes de la audiencia oral prevista en el Supremo.