Desde abril de 2025, el Gobierno español ha puesto en marcha un nuevo sistema de verificación de nacionalidades otorgadas por medios distintos al nacimiento, como por residencia o carta de naturaleza, entre otros. El objetivo es fortalecer los controles, detectar fraudes y asegurar que el proceso de nacionalización se mantenga legítimo y transparente.
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Este cambio legislativo podría impactar a miles de ciudadanos que, aunque hoy gozan de la nacionalidad española, puedan verse afectados. Según lo informado por medios como El Cronista y El Economista, el Ministerio de Justicia ha detallado los principales supuestos que podrían derivar en la pérdida de la ciudadanía:
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Este procedimiento no se aplicará de forma automática. Cada caso será evaluado individualmente mediante un expediente administrativo. Las personas afectadas tendrán derecho a presentar pruebas y defenderse antes de que se tome una decisión final.
Este nuevo enfoque marca un giro importante en la política migratoria española, especialmente considerando que solo en 2023 se concedieron más de 240.000 nacionalidades. Ahora, el foco está puesto en conservar solo aquellas que cumplan con todos los requisitos legales.