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Representantes del Frente Insular y dos asambleístas presentaron hoy jueves 6 de agosto una demanda de inconstitucionalidad para que se derogue la Ley de Galápagos, vigente desde junio de este año.
Los asambleístas por Galápagos, Ángel Vilema y Fanny Uribe, junto con miembros de organizaciones sociales y galapagueños que residen en Quito, acudieron a la Corte Constitucional a entregar la demanda. Además de un pedido de medidas cautelares para que se suspenda la aplicación de la norma hasta que la Corte resuelva.
Vilema dijo que ellos se sumarán al paro nacional previsto para el próximo 13 de agosto. Por su parte, la asambleísta Uribe, insistió en que se "derogue esta ley para construir una nueva Ley de consenso con la población en la que haya une equilibrio entre la conservación de los recursos naturales, el desarrollo del ser humano y el económico”.
Los galapagueños reiteraron su pedido para que el dirigente Eduardo Véliz, detenido tras las protestas por la aprobación de esta ley sea puesto en libertad.
La Ley Galápagos cambió la forma de calcular los salarios en las islas. Antes, los empleados públicos ganaban el doble que en el continente y los privados 75 % más, porque el costo de vida es mayor; con la nueva norma -aprobada el pasado 15 de junio- el incremento se calcula a través del índice de precios al consumidor. El cambio fue propuesto por el presidente de la república, Rafael Correa.
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