El exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo Cabrera, fue enviado a prisión preventiva por su presunta participación en el delito de lavado de activos dentro del denominado 'Caso BB', nombre asignado por la Fiscalía en alusión al supuesto alias con el que era conocido el exfuncionario.
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La mañana de este martes 29 de julio se conoció la resolución judicial, luego de que el lunes se instalara la audiencia de formulación de cargos contra seis personas naturales y dos personas jurídicas. Horas antes del inicio de la diligencia, los sospechosos fueron detenidos durante un operativo ejecutado de manera simultánea en las provincias de Azuay y El Oro.
Según la investigación, la estructura estaría vinculada a actividades de minería ilegal y distribución de explosivos. Además, se indaga la presunta exportación de oro sin un origen lícito determinado.
Luego de haber escuchado a los abogados defensores y a Fiscalía, el juez a cargo de la diligencia determinó que la detención de los procesados se ejecutó de forma legal.
Prisión y congelamiento de cuentas bancarias
Fiscalía explicó que la investigación se inició a partir de un oficio de la UAFE, con fecha 25 de marzo de 2026, en el que se establece que, entre 2023 y 2025, los investigados habrían registrado ingresos por más de USD 9 millones, que no tendrían relación con actividades económicas justificables.
En ese contexto, Elías Baldor, a través de su empresa, habría mantenido presuntas actividades de minería ilegal, con facturación irregular y exportaciones de oro, sin que se justifique cómo adquirió el mineral exportado.
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Según detalló el ministro del Interior, John Reimberg, el exalcalde era uno de los principales financistas de la organización criminal Los Lobos, a través de los millones de dólares que habrían sido obtenidos de manera ilegal.
Asimismo, Reimberg informó sobre la presunta vinculación entre una empresa minera relacionada con Bermeo Cabrera y los explosivos utilizados en varios ataques en la provincia de El Oro.
Entre los elementos de convicción presentados por Fiscalía constan informes de la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico), del SRI (Servicio de Rentas Internas) y del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social); movimientos migratorios; documentación sobre cuentas y movimientos bancarios; y certificaciones que señalan que no existen licencias mineras vigentes.
En los allanamientos se levantaron indicios como dinero en efectivo, que suma más de USD 250.000; un lingote de oro; joyas; teléfonos celulares, entre otros.
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Con base en los elementos expuestos por Fiscalía, el juez de la causa acogió el pedido de la institución y dictó prisión preventiva para todos los procesados.
Además, dispuso la incautación de los bienes adquiridos durante el período investigado, la prohibición de enajenar los bienes adquiridos fuera del período de análisis para garantizar el comiso equivalente y el congelamiento de cuentas bancarias.
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