Vocales del CNE y dirigentes políticos se refieren a presunta interferencia del excontralor Celi en proceso electoral
En la sustanciación del juicio político contra el excontralor general del Estado, Pablo Celi, la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Fernando Villavicencio, recibió a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar la supuesta interferencia en las funciones de este organismo y del proceso electoral.
Diana Atamaint subrayó que el Contralor subrogante intervino dentro del proceso electoral, más allá de que si se dio o no paso a la auditoría del sistema informático o la cancelación o no de los movimientos y partidos políticos.
Atamint dijo que al estar en marcha el proceso electoral, tanto la Ley, como la Constitución indican que ninguna institución o persona ajena al CNE puede intervenir. Por tanto, reitero que hubo intervención de Celi, aspecto que también lo dijo el vocal José Cabrera, razón por la cual en su debido momento, denunció la interferencia del Contralor.
La presidenta del CNE indicó que existe una denuncia de infracción electoral por el partido Fuerza Compromiso Social ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), contra Celi, por infracción electoral al interferir en el funcionamiento de los órganos electorales, pero que hasta la fecha no ha sido resuelto este tema puesto que el 8 de julio de 2020 Celi planteó ante la Corte Constitucional un pedido de conflicto de competencias para que determine si el TCE es competente para conocer las actuaciones y resoluciones emanadas por la Contraloría o si esa competencia es exclusiva de los jueces de lo contencioso administrativo.
Respecto de la exigencia de Celi de eliminar a cuatro organizaciones políticas, precisó que luego del debido proceso solo un movimiento fue eliminado: Libertad es Pueblo.
El consejero Enrique Pita al ser consultado si sintió presión para tomar decisiones con la amenaza de destitución y sanción de 20 salarios básicos, mencionó que “en honor a la verdad hubo presión por parte de la Contraloría para tomar decisiones respecto de su interés, aspiración o juicio en relación a las cuatro organizaciones políticas ”.
Por su parte, Juan Cristóbal Lloret, quien actúa como interpelante del juicio político, expresó que luego de escuchar a los funcionarios del CNE "es evidente la clara, flagrante, mañosa y burda interferencia de la Contraloría, por parte de Pablo Celi, en el proceso electoral y la pretendida eliminación de las cuatro organizaciones políticas".
En cuanto a la solicitud de la Contraloría para realizar una auditoría informática, previa a la proclamación de los resultados de la primera vuelta electoral, Diana Atamaint y los vocales del CNE informaron que negaron el pedido del Contralor, por ser una autoridad extraña a la función electoral.
La Comisión de Fiscalización también citó a Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, quien indicó que en el año 2020 se iniciaron dos procesos de infracción electoral, uno relacionado con la existencia de cuatro organizaciones políticas, de las cuales se determinó suspender las medidas cautelares dictadas por el CNE porque lesionaban derechos de participación de manera inmotivada.
Fausto Camacho, analista político, relató en la Comisión de Fiscalización los hechos realizados por el excontralor, tendientes a eliminar cuatro organizaciones políticas, lo que -a su criterio- tenía alto contenido político para conseguir que los partidos políticos no puedan participar en las elecciones 2021, ni postulen candidatos.
Además, dijo que le llama la atención que en primera instancia el CNE resolvió mantener el derecho de inscripción de las organizaciones políticas y luego ante las amenazas de destitución y multa cambiaron su punto de vista y dejan sin efecto la personería jurídica de las cuatro organizaciones políticas.
Virgilio Hernández, secretario del Movimiento Fuerza Compromiso Social, señaló que esta organización política obtuvo el 11.3 % de votos a nivel nacional. Dijo que Celi violó los artículos 226 de la Constitución, 18 de la Ley de la Contraloría, lo que evidenciaría muestras de persecución y retaliación política.
De su lado, Paúl Carraco, representante legal del Movimiento “Juntos Podemos” precisó que el pedido de la Contraloría y la decisión del CNE de dejar sin efecto la vida política de esta organización se realizó sin el debido proceso.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, manifestó que dentro de las comparecencias solicitadas por el parlamentario Juan Cristóbal Lloret, estaba prevista la participación de Jimmy Salazar, del Movimiento “Justicia Social”; Gary Moreno, del Movimiento “Libertad es Pueblo” y Santiago Díaz de la Coalición “Unión por la Esperanza”, quienes no asistieron a este llamado.
Este lunes continuarán con la recepción de testimonios.
