¿Qué pasará con la alimentación en las cárceles? Gobierno anuncia medidas sobre contratación del servicio
Tras las denuncias sobre los supuestos lazos con la delincuencia organizada de un proveedor de alimentos en cárceles y planteles educativos, el Gobierno ha anunciado medidas para mejorar los procesos de contratación pública en el país.
José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, destacó la necesidad de que el proceso de contratación sea más transparente, competitivo y accesible para todos los proveedores de alimentos.
En una entrevista concedida a Ecuador TV este martes 7 de mayo de 2024, el funcionario informó sobre las acciones tomadas por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que alertó a la Fiscalía sobre las irregularidades. El Centro de Inteligencia Estratégica tuvo varias "presunciones de vínculos de la proveedora con el crimen organizado".
Neira explicó que se han suspendido los contratos con el proveedor en cuestión y se están revisando los convenios de pago utilizados en el proceso de contratación.
Mencionó que “históricamente la compañía ha llegado a tener hasta el 80% de las cárceles. Era imposible competir con ellos porque abusaban del convenio de pago. Se les ha hecho difícil a la industria competir contra ellos. Habiendo tanto desempleo no les han dado la oportunidad de competir. Frontalmente hacemos esta denuncia a la compañía”.
Según Neira, en este momento la alimentación dentro de las cárceles está siendo gestionada por los gobernadores con proveedores de cada provincia.
Reiteró que el Gobierno "Se encuentra revisando procesos de convenios de pago, fortalecer controles. Trabajamos de la mano de Sercop (Servicio de Contratación Pública). Es una institución que está siendo transformada para fortalecer procesos".
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De su parte, el presidente Daniel Noboa ha señalado que el Gobierno no favorecerá a proveedores con vínculos con el crimen organizado.
En un mensaje difundido en redes sociales, el presidente expresó su preocupación por la presunta acumulación de 171 millones de dólares por parte del proveedor de alimentos de las cárceles del país, y señaló que estos fondos podrían haber financiado actividades ilícitas si se comprueba su vinculación con organizaciones criminales.
Su referencia apuntó a la compañía denominada Lafattoria S.A. que proveía hasta hace pocos de servicios de alimentación en algunas cárceles del país desde hace nueve años.
No obstante, el accionista de la compañía, que proveía este servicio en las cárceles de las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Napo, Cotopaxi y en cinco reclusorios de la ciudad de Guayaquil, se dirigió al mandatario Noboa, y aseguró que le habían proporcionado información falsa.
“No tengo ni la más mínima vinculación” con el narcotráfico, dijo Richard Villagrán, presidente del grupo Riasem, al que pertenece la empresa Lafattoria.
