Ministro del Interior, Juan Zapata, elogia a Chile por polémica ley de seguridad
El ministro del Interior, Juan Zapata, elogió este jueves la reciente ley de seguridad aprobada en Chile, conocida como "Naím-Retamal", que otorga más libertad de maniobra al cuerpo de Carabineros (Policía militarizada) en el uso de las armas de fuego, lo que le ha granjeado las críticas de la ONU.
"¡Qué envidia sana lo de Carabineros de Chile!", comentó Zapata durante una rueda de prensa donde volvió a lamentar y rechazar las decisiones de jueces de Ecuador que dejan en libertad a presuntos criminales detenidos por la Policía y las Fuerzas Armadas, en operaciones tildadas por el Gobierno de golpes al crimen organizado.
El ministro valoró que, "sobre la base de un lamentable asesinato de un carabinero a manos de la criminalidad, el pueblo y el Senado (de Chile) le dan hoy a los Carabineros una ley que, ante cualquier evento de un delincuente, puedan hacer uso de su arma de fuego".
El texto de esa norma chilena da pie a la llamada "legítima defensa privilegiada", que exime a la Policía de la proporcionalidad excepto cuando se trate de protección de bienes.
"¿Saben lo que dice aquí el uso legítimo de la fuerza? Que para emplearlo debe materializarse la amenaza. Ustedes son testigos que las UPC (Unidades de Policía Comunitaria) han sido atacadas con explosivos. Imagínense, nos botan un explosivo y el policía que sobrevive es el que puede repeler el ataque", añadió.
Zapata instó así a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, a hacer leyes similares a la de seguridad de Chile y a interpelar a jueces y fiscales que, a criterio del ministro, conspiran contra el trabajo del Gobierno y de las fuerzas del orden para combatir la inseguridad y la violencia que crea el crimen organizado.
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Las críticas de Zapata hacia los órganos de Justicia se han recrudecido después de que un juez dejara en libertad condicional a un presunto cabecilla de la banda criminal autodenominada "Los Tiguerones", de nacionalidad colombiana.
De acuerdo a las autoridades, el detenido cuenta con supuestos nexos con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y está presuntamente detrás de la matanza de 9 personas en un puerto pesquero de Esmeraldas, donde irrumpió un grupo de 30 personas armadas que acribilló a quienes estaban en el lugar.
El martes, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, afirmó que el país está "sometido a una ola terrorista sin precedentes" por parte del crimen organizado y el narcotráfico, y consideró urgente lograr el consenso político para permitir que las Fuerzas Armadas participen permanentemente "en esta guerra".
Cucalón confió en poder alcanzar un consenso entre las distintas fuerzas políticas para realizar una reforma en la Constitución que permita la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía para combatir el crimen organizado y el narcotráfico de manera permanente.
Hasta ahora esa circunstancia se da manera temporal y con carácter extraordinario a través de distintos estados de excepción, que además del despliegue de los militares implica la suspensión de diversos derechos fundamentales como el de reunión, el de tránsito y el de inviolabilidad del domicilio.
