Lasso renueva el estado de excepción en las cárceles: persiste "la grave conmoción interna"
El presidente de la República, Guillermo Lasso, resolvió renovar el estado de excepción en todos los centros de privación de la libertad que integran el sistema de rehabilitación social a escala nacional, por el plazo de 30 días adicionales.
Mediante el Decreto Ejecutivo No. 276, el Primer Mandatario dispuso la "movilización" de Policía y Fuerzas Armadas para "reforzar y restablecer el orden y control" de todos los centros penitenciarios del país.
Según el Ejecutivo, esta decisión tiene la finalidad de precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad, como grupo de atención prioritaria, del personal del cuerpo de seguridad penitenciaria y de los miembros de la Policía Nacional.
Asimismo, pretende "controlar las circunstancias que han alterado el funcionamiento del sistema penitenciario, restablecer la convivencia pacífica, el orden y su normal funcionamiento".
En caso de existir incidentes flagrantes que puedan atentar en contra de los derechos de cualquier persona en el interior de los centros de privación de la libertad, sus zonas perimetrales, vías y zonas de influencia, mediante el decreto dispone que la Policía Nacional de manera coordinada con las Fuerzas Armadas deberá intervenir de modo urgente, "dentro del marco constitucional y legal vigente, y en respeto a los derechos humanos".
También se suspende el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de correspondencia y la libertad de asociación y reunión, de las personas privadas de la libertad de todos los cárceles. En ese sentido, se prohíbe cualquier carta, comunicación o misiva que no haya sido previamente revisada por la Policía Nacional o por las Fuerzas Armadas en los filtros de ingreso.
La medida, que se extenderá hasta el 29 de diciembre, fue tomada considerando que "la grave conmoción interna" que atraviesa el sistema penitenciario "desafortunadamente persiste y continúa vulnerando la vida y los derechos" de los reos, señala el documento.
Lasso declaró el 29 de septiembre un estado de excepción por 60 días en todas las cárceles del país, tras una de las peores masacres carcelarias de Latinoamérica en la que murieron 119 presos de la penitenciaría de Guayas 1.
En esa misa prisión, el pasado 14 de noviembre 62 personas fallecieron cuando reclusos de un pabellón ingresaron a otro para matar a los miembros de una banda rival usando armas de fuego, explosivos y machetes.
El nuevo decreto de estado de excepción indica que "las organizaciones criminales que operan al interior de los centros de privación de libertad cuentan con armamento sofisticado y han demostrado elevados niveles de violencia y crueldad".
Agrega que Ecuador, cuyas cárceles tienen un 30% de sobrepoblación, tiene un déficit de 2.500 guías penitenciarios. Actualmente hay apenas 1.646 para todo el país.
La nación cuenta con 65 prisiones con capacidad paras unos 30.000 presos, pero están habitadas por 39.000. Del total de reos, 15.000 carecen de sentencia.
