Las cámaras chinas compradas en la época Yunda que nunca funcionaron: hay un perjuicio de 1,7 millones para el Municipio
Las cámaras chinas nunca funcionaron. Eran 203 equipos que prometían identificar los rostros y las identidades de sospechosos y prófugos que caminaban por las calles de Quito. Su alta tecnología fue precisamente el argumento en el que se sustentó la administración del removido exalcalde, Jorge Yunda, para comprarlas.
Todo el plan denominado “Ojos de Dios” significó para los quiteños una inversión de USD 1,9 millones. De hecho, este programa era una de las estrategias dentro del plan que tenía el Municipio para mejorar la seguridad de la capital.
La empresa municipal Emseguridad fue la encargada de firmar los contratos de compra, entre los años 2019 y 2020.
Hoy la Contraloría confirma que en esos procesos hubo irregularidades y perjuicios para el Cabildo. Determinó una glosa de USD 1,7 millones por un perjuicio a las arcas del Municipio de Quito.
Tras una investigación a los procesos de adjudicación, la entidad ha señalado indicios de responsabilidad civil en contra de cuatro personas. En la lista de implicados están el entonces gerente de Emseguridad, Adrián Haro; el director de Planificación, Freddy Cano y Ramiro Espinoza, director de la Información y telecomunicaciones de la misma empresa pública municipal. La identidad de la cuarta persona aún no se ha hecho pública.
El informe de Contraloría determina el perjuicio al Municipio porque las cámaras no están funcionando para el objetivo que fueron adquiridas. En este caso específicamente se refieren a la identificación de los sospechosos, prófugos o personas que tienen cuentas pendientes con la justicia.
Un equipo de auditores lo comprobó. Ellos realizaron tres inspecciones físicas en los centros de monitoreo del Municipio. Las visitas tuvieron lugar el 29 de junio, el 16 de julio y el 22 de julio de 2021. En esta última estuvieron presentes el Supervisor de Equipos de Seguridad de Emseguridad, como administrador del contrato y el delegado de Andean Trade, empresa proveedora de las cámaras.
“Desde la recepción (de las cámaras) hasta la presente fecha (de las visitas) no se tiene evidencia que la funcionalidad de reconocimiento facial ha sido utilizada”. Además, corroboraron que para la fecha de las visitas el uso de los dispositivos “se limita a ser cámaras de visualización”.
Esto quiere decir que solo eran utilizadas como dispositivos para vigilar como cualquier otra cámara de video. Esto sucedió a pesar de que cada equipo le costó al Municipio USD 2.500, un valor equivalente al doble de lo que costaría una cámara sencilla con las mismas funciones de vigilancia.
NADIE DA LA CARA POR LAS CÁMARAS
Han pasado cerca de dos años desde la última inspección física que realizó la Contraloría al centro de monitoreo. Hoy la funcionalidad de las cámaras chinas es una total incertidumbre.
Este medio intentó conocer quién está manejando los dispositivos y cómo están siendo utilizados. Pero tanto la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito como la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano aseveraron que el único responsable de esas cámaras es el ECU 911. Según las entidades, la competencia de las cámaras salió de su control en 2022.
Pero el ECU 911 tampoco se hace responsable de los equipos. Su director, Bolívar Tello, se negó a dar una entrevista sobre el tema. No obstante, a través de un documento escrito respondió que en octubre del año pasado el ECU 911 y Emseguridad firmaron un contrato de comodato. Esto permitió que Emseguridad habilitara “un enlace para poder visualizar en el ECU 911 las imágenes que generan las cámaras (chinas). En otras palabras, se ha creado una sala espejo”.
De allí que el ECU 911 recalca que ellos no han recibido cámaras de reconocimiento facial de Emseguridad y por lo tanto no están incluidas en el sistema de video vigilancia nacional.
Mientras tanto, actualmente Quito vive una ola de violencia por la inseguridad. La gente tiene miedo y las muertes violentas en la capital se han disparado.
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CRÍMENES SE DISPARAN
Los datos oficiales del Gobierno muestran que los crímenes están en el punto más alto de los últimos 14 años. La cifra de asesinatos llegó a 50 en los dos primeros meses del año. Esa estadística duplica a los 21 que se reportaron en el mismo período del 2022.
De allí que la percepción de los quiteños es que la inseguridad en la ciudad creció de forma abismal. Una reciente encuesta de la consultora Oikonomics reveló que el 88% de los capitalinos no se siente seguro de caminar en las calles.
Para evitar esto el Municipio ha seguido apostando por la compra de nuevas cámaras. Hace un mes, la administración de Santiago Guarderas entregó 250 nuevos dispositivos para repotenciar el sistema de videovigilancia. Además, anunció que implementarán otras 400 cámaras en una segunda fase.
Este nuevo plan se realiza sin tener en cuenta a las cámaras chinas, adquiridas en la época de Yunda. Los auditores confirmaron que las compras de las cámaras por parte del alcalde que fue destituido se hicieron a pesar de que “no existía un modelo de gestión y protocolos para el uso de las cámaras”.
FALTAN OPERADORES ESPECIALIZADOS
Entre las irregularidades detectadas están que Emseguridad compró las cámaras de reconocimiento facial a pesar de saber que no contaban con personal suficiente y capacitado para su manejo.
Eso se evidenció el 22 de abril del 2020. Ese día, el coordinador logístico de Emseguridad informó al gerente General, Adrián Haro, que el Centro de Monitoreo (CMC) no tenía personal para la vigilancia.
“El promedio de personal por cada turno es de 3 personas, las cuales también realizan actividades de radio despacho, con esta doble función que cumple el limitado personal disponible se evidencia que las actividades de video vigilancia no se realizan de manera eficiente y existe capacidad instalada subutilizada”.
En otros oficios se señala que “el personal asignado al CMC es insuficiente, ya que no se logra completar para que las 8 consolas implementadas estén monitoreadas en cada tumo”. Se identificó que el déficit de personal era de 17 personas.
También detalló que las cámaras con reconocimiento facial fueron implementadas en el Centro Histórico y Corredor Panecillo en 2019. Pero no se reportó hasta esa fecha que el sistema tuviera datos de los análisis faciales porque esa tecnología no había sido utilizada. Esto sucedió “principalmente porque no se dispone de la base de datos para el funcionamiento óptimo del reconocimiento facial y por falta de configuración para este tipo de análisis”.
Esto quiere decir que las cámaras nunca arrojaron datos de sospechosos o prófugos debido a que no tenían una base de datos para corroborarlo. En el país, la Policía tiene un sistema Biométrico con los datos de identificación de fugados y prófugos.
Este medio habló con agentes de esa unidad especializada. Dijeron que el Municipio nunca podría tener la información para cotejar las identificaciones porque ninguna ley les faculta tener esos archivos. Es por eso que no comprenden cómo pensaban aplicar la tecnología.
El informe de Contraloría tiene suficientes sustentos para señalar que las cámaras no han arrojado información de prófugos o sospechosos. Incluso, la propia Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito, encargada de los equipos, el 11 y 17 de junio de 2021, remitió al equipo auditor un informe del uso de las cámaras de reconocimiento facial durante los meses de noviembre y diciembre de 2020.
En ese documento se concluye “que los sistemas de video vigilancia implementados en Quito permiten realizar actividades de prevención en el espacio público. Sin embargo, no detallan ningún resultado a la fecha producto de la aplicación de las funcionalidades de la analítica de video y reconocimiento facial”.
Además, la Contraloría identificó en las inspecciones que “la falta de operación del sistema y el desconocimiento de los operadores de cómo funciona no permitió validar que el sistema pueda realizar la función de reconocimiento facial”.
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IRREGULARIDADES DESDE EL ARRANQUE
Las irregularidades que rodean la compra de las cámaras chinas aparecieron desde el inicio. Las primeras anomalías identificadas por la Contraloría tienen que ver con la elección de la empresa que fue adjudicada. En este caso la firma Andean Trade S.A.
Los investigadores descubrieron que en un inicio se invitó a participar al proceso de selección a tres empresas: Telcok, Fulltec y Andean Trade. Pero lo que llamó la atención de los auditores fue que el director de Tecnologías de Emseguridad, Ramiro Espinoza, solicitó las proformas a las firmas desde su correo electrónico. Además, se identificó que las cotizaciones se realizaron “sin contar aún con las especificaciones técnicas finales y la autorización del director general”.
Para ese entonces, Sebastián Yunda ya intercambiaba chats con dos empresarios chinos y su tío César Yunda. Todos fueron investigados por la Fiscalía. En las conversaciones, que hacen parte de un expediente judicial, ‘Baby Yunda’ ya hablaba de la compra de las cámaras y se refería sobre reuniones en las instalaciones de Andean Trade.
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Por otro lado, los auditores de la Contraloría indagaron a las tres empresas invitadas y descubrieron que Andean Trade y Telcok hasta ese momento nunca tuvieron relaciones comerciales con Emseguridad y tampoco eran distribuidores autorizados de Hikvision, la marca china de las cámaras que fueron adquiridas posteriormente.
Incluso, el equipo investigador reveló que en el caso de Telcok también existía otra irregularidad. El director Metropolitano de Informática del Municipio de Quito figuraba como Gerente General de esa empresa en el 2018. Según la Secretaría General de Seguridad, el funcionario fue parte del equipo que desarrolló el proyecto en todas sus etapas.
A pesar de esto, el 15 de agosto del 2019 se autorizó el inicio del proceso de adjudicación a través de subasta inversa. Allí se oficializó las ofertas de seis empresas, pero Andean Trade ganó la licitación tras bajar su cotización de USD 626.803 a USD 602.976.
El 4 de octubre del 2019 se firmó el contrato entre la firma elegida y Emseguridad. Pero para la Contraloría, Andean Trade debió ser descalificada en la fase de ofertas tras verificar las características técnicas, pues los equipos que ofrecían no coincidían con lo estipulado en los pliegos.
ERROR DE BUENA FE
Esto se confirmó un mes después de la firma del contrato. El 20 de noviembre, el equipo de Andean Trade informó al administrador del contrato que recibió un oficio de Hikvision. En el documento, la marca china señaló que el equipo de almacenamiento de las cámaras, cuyo modelo era DS-A81024D, estaba descontinuado y proponía el reemplazo por el modelo DS-A80624S.
El informe de Contraloría señala que Andean Trade no detalló en su oferta este último modelo que era requerido en los pliegos. De allí que los auditores señalan que “en el proceso de calificación de ofertas la comisión técnica debió descalificarla y adjudicar el contrato a la empresa que ofertó el equipo requerido”.
Pero para los analistas de tecnologías y los directores de telecomunicaciones y financiero de Emseguridad, que eran parte de la comisión técnica, esta irregularidad no fue más que un “lapsus calami”. Es decir, un error tipográfico.
“Puede interpretarse que el oferente Andean Trade tuvo un error tipográfico en el formulario de la oferta presentada (...) Esta situación en la etapa de convalidación de errores, no significó favorecer a un determinado oferente para ser habilitado, sino que fue un ‘ERROR DE BUENA FE’ por parte de la comisión técnica”, indicaron.
El presidente de Andean Trade dijo que “para el llenado de las especificaciones técnicas, así como para la entrega de los bienes se consideró el equipo DS-A80624S”.
Pero la Contraloría considera que ninguna de esas respuestas justifica lo comentado por la auditoría y se ratifica en que la firma debió ser descalificada. Al final eso no ocurrió y la empresa entregó las cámaras a Emseguridad y de esta forma se cumplió la primera fase del proyecto “Ojos de Dios”.
MÁS ANOMALÍAS
La segunda fase del proyecto tenía que ver con la instalación de las cámaras. Y para esto Emseguridad determinó que se debía instalar los equipos en el centro de Quito y se especificaron 47 lugares.
Para marzo del 2020, se oficializaron siete ofertas de distintas empresas. En la lista de postulantes estaba nuevamente Andean Trade. También apareció entre los ofertantes el Consorcio Reconocimiento Facial Quito, que estaba integrado por dos firmas llamadas Megsupply y Fulltec. Esta última al igual que Andean Trade pujaron en el contrato de la fase 1.
Esto llamó la atención del equipo de investigadores de la Contraloría. De allí que, tras un análisis de todas las empresas, los auditores descubrieron que entre todas había algún tipo de relación directa.
Por ejemplo, los informes oficiales detallaron que el RUC de la empresa Megasupply tenía la misma dirección correspondiente al edificio de Andean Trade. De igual forma, las dos empresas contaban con la misma contadora con RUC 1713700019001. Todos los datos fueron corroborados por el Registro Único de Contribuyentes.
Pero eso no fue todo. El Procurador Común del Consorcio Reconocimiento Facial Quito también figuraba en la Superintendencia de Compañías como Gerente General de Andean Trade, por el período comprendido entre el 28 de marzo y el 17 de abril de 2019. Además, en una comunicación del 1 de julio de 2021, remitido por el Presidente Ejecutivo de Andean Trade se certifica que también era Gerente de Procesos en esa empresa desde el 1 de junio de 2017 y que continuaba en funciones.
Por todos estos hechos, la Contraloría indicó en su informe que la Comisión debió descalificar tanto al Consorcio como a Andean Trade en cumplimiento del artículo 64.2 de la Resolución del Servicio de Contratación Pública.
Pero esto tampoco sucedió. Por el contrario, los miembros de la Comisión adjudicaron al Consorcio el contrato para la instalación de las cámaras el 24 de marzo de 2020. Se proclamó ganador luego de que bajara USD 60.000 de su oferta inicial. Es decir, el Consorcio redujo su proforma de USD 1’170.611 a USD 1’110.910.
Lo que significó que finalmente Andean Trade esté involucrado en los contratos de las dos fases. Incluso, la Contraloría concluyó que esta firma fue quien “terminó gestionando (el contrato) y proveyendo los insumos tecnológicos” al Consorcio.
De allí que si se suma los gastos de la fase 1 con la fase dos dan los USD 1,7 millones que se ha determinado en la glosa.
Tanto los miembros de las Comisiones Técnicas de Emseguridad, su director y los representantes de las empresas adjudicadas niegan las irregularidades. En los documentos de respaldo que enviaron a la Contraloría aclaran que todos los equipos finalmente fueron entregados con las características específicas. Ese argumento se describe en gran parte del informe de la auditoría. Sin embargo, el equipo de investigadores rechaza cada una de esas aseveraciones y determinan que “no justifica” las irregularidades.
Esta compra llamó la atención de la Contraloría en abril del 2021. En ese mes, miembros del entonces Concejo Metropolitano denunciaron la injerencia de Sebastián Yunda, hijo del alcalde, en esa contratación. De allí que pidieron a la entidad que investiguen el caso y se determinen responsabilidades.
El mismo pedido le hicieron a la Fiscalía. Esta última entidad ha mantenido silencio con respecto si existen investigaciones abiertas por este caso.
Lo que si se conoce es que en el radar penal estaba Sebastián Yunda, su tío César Yunda y un empresario chino llamado Yinlog Wang.
La Fiscalía en un inicio señaló que tenía pruebas que señalaban que entre los tres implicados existían diferentes transferencias por montos superiores a USD 20.000.
Incluso, la entidad informó que el empresario chino era conocido en los chats como papá ‘Dalong’.
Él, su esposa y su cuñada fueron rastreado por los agentes y se determinó que movieron entre sus cuentas unos USD 210.000.
Pero el juez Máximo Ortega sobreseyó al empresario chino y a sus familiares. El magistrado dijo que no se demostró que el dinero era producto de un negocio ilícito.
Por su parte, los abogados de la familia Yunda han señalado que no existen procesos penales por el caso de las cámaras y desconocen el informe de la Contraloría.
