Guadalupe Llori seguirá en su curul: Pleno de la Asamblea no logró los votos necesarios para su destitución
Guadalupe Llori se salvó de la destitución como asambleísta. El Pleno de la Asamblea Nacional no logró los votos necesarios para acoger el informe del Comité de Ética, que recomendaba la salida de la expresidenta del Legislativo por el supuesto cobro de diezmos.
La moción fue presentada por la asambleísta Johanna Ortiz (UNES), quien es la denunciante de la causa, la noche de este miércoles, 23 de noviembre. Sin embargo, solo obtuvo 82 votos. Eran necesarios 92.
La mayoría de votos afirmativos vinieron del correísmo, Partido Social Cristiano (PSC), Izquierda Democrática (ID) y algunos de Pachakutik. También hubo 14 votos negativos y 29 abstenciones, en su mayoría del oficialismo.
No obstante, el pleno votó a favor de la reconsideración de la votación, pero esto no ocurrió porque Virgilio Saquicela, presidente del Legislativo, clausuró la sesión. Así que el tema aún no estaría cerrado.
El titular de la Asamblea suspendió la sesión No.815, recordando que la única legisladora que puede presentar la moción en esta parte del proceso es la denunciante Johanna Ortiz, no otros parlamentarios.
ACUSACIONES CONTRA LLORI
El informe del Comité de Ética afirma que la militante de Pachakutik incurrió en la prohibición común a todos los asambleístas, descrita por el artículo 163, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), referente a percibir comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo.
La denuncia fue presentada a inicios de septiembre por la asambleísta Johanna Ortiz, quien manifiesta que servidores legislativos rentaron un vehículo de lujo, con sus salarios, para la movilización de Llori en “horas inusuales de trabajo”, incluso fines de semana.
Esto fue corroborado por tres asambleístas del Comité de Ética: Marjorie Chávez (PSC), Luisa González (UNES) y Dalton Bacigalupo (ID), quienes advirtieron sobre la existencia de pruebas documentales y testimoniales sobre el irregular accionar de Llori.
Según ellos, al menos dos funcionarios pagaron con dineros propios la renta del automotor que suplía necesidades personales de la expresidenta de la Asamblea.
Además, mencionan que el pedido se realizó por intermedio de la Administradora General de ese entonces, Gloria Larenas.
Larenas era personal de confianza de Gudalupe Llori, porque ocupaba un cargo de nivel jerárquico superior. Además, la funcionaria Roxana Meza, en su declaración, aseguró que en febrero de este año se reunió con Llori, quien habría dispuesto a uno de sus asesores se proceda con el reembolso correspondiente, que hasta el momento no ha ocurrido.
Por su parte, el presidente del Comité de Ética, José Chimbo (Pachakutik), había dicho que no existen pruebas que indiquen que Llori dispuso el alquiler y pago del vehículo en el que se movilizaba, por lo cual planteó archivar el proceso.
