El alcalde Jorge Yunda bajo bloqueo
La crisis de legitimidad de la autoridad quiteña se visibilizó durante la pandemia. Un Alcalde llamado a juicio invoca su inocencia. Los chats de su hijo destapan el poder de sus familiares en la gestión municipal.
Es un apasionado cultor de voleibol. El alcalde de Quito, Jorge Yunda Machado, se quedó sin jugada ofensiva. El juez provincial de Pichincha lo llamó a juicio, por posible peculado en la compra de pruebas COVID-19. La Fiscalía anuncia la apertura de nuevos expedientes, por presuntos hechos de corrupción de su círculo familiar en la gestión pública. Y dos pedidos de remoción, en su contra, avanzan a paso acelerado.
Yunda bajo bloqueo. Especialmente, después de la segunda mitad de marzo: en una diligencia judicial realizada como parte de la investigación por el caso de las pruebas COVID-19, su domicilio fue allanado. Varios teléfonos fueron incautados, entre ellos, el iPhone de color azul que pertenece a su hijo, Sebastián Yunda, de 29 años.
El contenido de los chats del hijo del Alcalde revela un esquema de tráfico de influencias; acceso a información privilegiada con fines particulares; y, posibles beneficios económicos, a partir de la firma de contratos con la Municipalidad.
Hay indicios de que se habrían diseñado expresamente las bases de concursos para que secretarías municipales pudieran adquirir un tipo específico de cámaras de vigilancia y reconocimiento facial, de procedencia china. Este tipo de tecnología, además de costosa, es inútil; porque el Municipio no accede a bases de datos para cotejar rostros. Los chats insinúan que hubo pagos, en recompensa, por parte de un empresario chino.
De las conversaciones de Sebastián Yunda se desprenden otros indicios. La agrupación musical que lideraba habría recibido aportes de organizaciones de transporte público, que son reguladas por el Municipio. Uno de los interlocutores, abogado de una firma transportista, es esposo de la actual directiva del Metro de Quito. La inauguración de este proyecto lleva meses de retraso. Los implicados han puesto en duda la veracidad de los diálogos; y aseguran que no hubo tráfico de influencias.
La investigación que llevó al alcalde Yunda al banquillo de los acusados se relaciona con el contrato para la compra de pruebas de detección de COVID-19. Por ese caso, el presidente de la Corte Provincial de Pichincha dispuso el llamado a juicio de Yunda y de otras 13 personas. Al Alcalde, la Fiscalía lo señala como presunto autor mediato de peculado. Él afirma que el grillete que porta desde febrero es una condecoración, y que es víctima de persecución, en un proceso mediatizado que busca destituirlo del cargo. ¿Cómo llegó el Alcalde de Quito a esta situación tan compleja?
SAQUE:
Llegó a la Alcaldía en medio de un contexto de gran fragmentación: para las elecciones de marzo de 2019 había 18 candidatos. Su postulación fue apoyada por el movimiento Unión Ecuatoriana, que obtuvo el sillón del Alcalde y dos concejalías.
Yunda llegó al poder con menos del 22 por ciento de los votos válidos, un porcentaje bajo que le auguraba escaso margen de legitimidad, para sus decisiones como autoridad local.
Asumió la Alcaldía de Quito el 14 de mayo de 2019, acompañado por su mascota Zeus, un pastor inglés ovejero al que había recogido de la calle, años atrás. Eso enviaba señales de su estilo. Armó alianzas con ediles identificados a la Revolución Ciudadana, así aseguró una mayoría afín a su gestión, en el Concejo Metropolitano, de 21 miembros.
Esos votos aseguraron la elección de Santiago Guarderas como su vicealcalde. Ambos llegaron con el auspicio de la misma organización política. “Llegamos juntos, nos unía el afán de servir a Quito. Lamentablemente, hemos conocido estos hechos que nos preocupan enormemente, y no hallamos otra salida que el alcalde Yunda dé un paso al costado para que pueda defenderse frente a las acusaciones en su contra”, explica Guarderas a Vistazo. “Hemos visto casos insólitos como el Alcalde que al mismo tiempo debía dirigir una sesión del Concejo y participar en una audiencia judicial por el caso de las pruebas, esto le resta legitimidad a su accionar”, advierte Guarderas.
REBOTE:
Mientras Guayaquil lloraba los muertos por COVID-19, Quito se preciaba de importar desde Corea las pruebas que ayudarían a detectar el virus. Yunda las promocionó como pruebas PCR. La investigación fiscal sugiere que, si bien los insumos adquiridos sí realizan análisis moleculares, la técnica que utilizan sería distinta de la que establecían las bases del concurso.
Según el dictamen fiscal, el contrato de emergencia tenía por objeto la compra de pruebas de diagnóstico PCR Polimerasa, pero en su lugar el secretario de Salud de la época, Lenín Mantilla, recibió pruebas de diagnóstico “Isopollo” con tecnología RT LAMP, “con un menor porcentaje de sensibilidad”. Sin embargo, el jurista Juan Pablo Albán cuestiona el llamado a juicio. En entrevista con Vistazo, explicó el sorpresivo final de esa maratónica audiencia, en la medianoche previa al feriado por el primero de mayo. Tras anunciar que deliberaría unos momentos, el juez llegó cuatro horas más tarde, en la madrugada, con un documento “sospechosamente redactado”, en algo que para Albán recuerda el estilo Chucky Seven.
Para la defensa de Yunda, uno de los vacíos del proceso es que “Fiscalía cambió la teoría del caso en varias ocasiones, primero quiso probar que el contrato buscó favorecer a la empresa que vendió las pruebas y no lo pudo demostrar; luego cambió de enfoque, tratando de probar que las pruebas no tenían la sensibilidad y esas pruebas salvaron vidas, las usaron universidades y el hospital IESS Quito Sur”, según insiste Albán.
BLOQUEO:
“Antes de conocer los chats preocupaban las respuestas del Alcalde, porque asignaba responsabilidad a sus directores o gerentes, alegando que él no es técnico. Pero los chats de su hijo demuestran que una estructura paramunicipal tomaba las decisiones”, advierte a Vistazo la concejala Luz Elena Coloma. “La reacción de varios concejales fue la de pedir la renuncia del Alcalde, porque -o no sabía y no cumple su papel-; o sí sabía y es aún más grave”. La administración de la Capital está en crisis. Parte del entorno, advierte Coloma, es la inestabilidad en las autoridades con perfil técnico: tres procuradores, cuatro administradores generales, tres secretarios de Planificación, tres gerentes de Obras; dos gerentes de Metro; tres gerentes de Agua; y 12 autoridades removidas o que renunciaron este mes.
“Todo directivo tiene una curva de aprendizaje que constantemente se ha reiniciado cuando se ubican nuevos funcionarios. Es un municipio que enfrenta emergencias, pero no tiene estabilidad para cristalizar una nueva visión de ciudad”.
Si Yunda enfrenta el juicio por peculado desde la dignidad de alcalde, advierte Coloma, “Se tendrá a un alcalde pendiente de su situación con la justicia y empleando la institucionalidad municipal y su imagen (#AlcaldeDelPueblo #AlcaldeMédico) para defenderse afuera de los tribunales”.
Una mala gestión al frente de Quito es el argumento del recurso para remoción del Alcalde, impulsado por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, patrocinado por la abogada Jéssica Jaramillo.
“Un ciudadano puede solicitar la remoción de una autoridad local, es un mecanismo de participación ciudadana, es un proceso administrativo fundamentado en causales. Nuestro pedido se basa en tres causales: incumplimiento de ordenanzas; despilfarro de recursos; e incumplimiento con la normativa de participación ciudadana”.
Este colectivo determinó, entre otros hallazgos, que en plena pandemia el Municipio invirtió 119 mil dólares para festejos de Navidad de 2020, cuando la crisis sanitaria obligó, justamente, a suspenderlos. Al cierre de esta edición, el proceso estaba en trámite. Para concretar la remoción se requieren las dos terceras partes de la votación en el Concejo, esto es, 14 votos.
En medio de la crisis de legitimidad, los problemas agobian a Quito: problemática sanitaria agravada por las nuevas variantes del virus; azote de la pobreza, desempleo y marginalidad.
