Dictamen acusatorio contra exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, por incumplir medidas cautelares
El fiscal de la Unidad de Administración Pública, Martín Navarrete, presentó el dictamen acusatorio contra el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, por su presunta responsabilidad en el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
Durante la audiencia preparatoria de juicio, desarrollada este jueves 7 de julio en el Complejo Judicial Norte de Quito, el juez Geovanny Freire declaró la validez del proceso respecto a vicios de procedimiento, cuestiones prejudiciales y competencia, que fueron presentados por Fiscalía y la defensa técnica del procesado.
En su intervención, el fiscal Navarrete señaló que Alvarado incumplió las medidas cautelares dispuestas por otro Juez, que determinó que el exfuncionario debía presentarse cada quince días en una Unidad Judicial de la provincia del Guayas, además de la prohibición de salida del país y la colocación del dispositivo de vigilancia electrónica; medidas cautelares que le fueron impuestas al procesado el 9 de agosto de 2018 en la audiencia de formulación de cargos por su presunta participación en un delito de peculado.
En esa fecha, Fernando Alvarado fue procesado en el denominado caso “Secom”, debido a que, según Fiscalía, en su calidad de Secretario de Comunicación inobservó normas legales en contratos, que habría ocasionado un presunto perjuicio de 259.000 dólares al Estado.
Dos meses después de haberse iniciado esa instrucción fiscal –en octubre del mismo año– el exfuncionario se retiró el grillete electrónico, envió un mensaje de texto a funcionarios del entonces Ministerio de Justicia y abandonó el país.
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Para sustentar su dictamen acusatorio, Fiscalía expuso varios elementos de convicción, entre los que se incluyen: los informes técnicos del dispositivo electrónico, en los que consta que el procesado incumplió la medida judicial, ya que en el transcurso de dos meses generó más de 1.300 alertas; el informe técnico de rastreo, que verificó el recorrido del dispositivo desde Guayaquil hasta Quito; el parte policial, que señala que el 21 de octubre de 2018 se encontró el dispositivo electrónico del procesado en medio de la maleza en la avenida Simón Bolívar, en el sector de Guápulo.
A esto se sumaron los informes de inspección ocular técnica y de reconocimiento del lugar de los hechos, versiones y el registro de sus últimos movimientos migratorios, entre otros.
El Fiscal puntualizó que, si bien esta causa deviene de una causa de peculado, el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente es “autónomo e independiente”.
Al finalizar la diligencia, Fiscalía solicitó al Juez que dicte auto de llamamiento a juicio contra el procesado y anunció la abundante prueba documental, pericial y testimonial que utilizará en la etapa de juicio, en caso de que el Magistrado acepte el pedido de Fiscalía.
El juez Freire indicó que analizará el expediente fiscal y que notificará oportunamente a las partes procesales para informar su resolución.
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
