Construye pide a Juan Esteban Guarderas que denuncie a Daniel Noboa por campaña anticipada
La bancada legislativa envió un documento en el que reconoce la importancia de las denuncias que ha hecho Guarderas en los últimos meses, pues trata de cumplir un rol que le correspondería al Consejo Nacional Electoral (CNE).
De hecho, la semana pasada, interpuso una queja en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra la vicepresidenta Verónica Abad, Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachakutik, y Francisco Suárez Abril, excandidato a la Prefectura de Tungurahua por la Izquierda Democrática (ID).
Ellos habrían incurrido en una supuesta precampaña electoral en el marco de las pasadas elecciones seccionales de hace un año, lo cual es sancionado según el artículo 278 del Código de la Democracia.
Construye recalca que es importante que se investiguen estos casos, pero también pide poner atención sobre actuales infracciones que además implicaría el uso de recursos públicos.
Hace referencia al presidente Daniel Noboa, quien estaría tratando de promocionar la afiliación a su propio movimiento político (en proceso de creación) al posicionar colores y consignas de su organización en eventos y publicaciones de instituciones estatales; pese a que aún faltan varios meses para que arranque la campaña electoral.
“Solicitamos que actúe con el mismo ímpetu y preocupación que en casos anteriores, demostrando así que actúa como guardián de la ley y sin miramientos de bandera política evitando, que existan interpretaciones sobre una gestión a nombre del Gobierno en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y ante el Tribunal Contencioso Electoral. Confiamos en que actúe en consecuencia con su discurso de ética pública”, dice la carta enviada a Juan Esteban Guarderas.
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Junto al comunicado, Construye remitió “pruebas fehacientes de campaña anticipada y uso de fondos públicos” por parte del presidente de la República.
Guarderas ha denunciado infracciones electorales en tres ocasiones. La primera fue contra el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, quien terminó con sus derechos políticos suspendidos por cuatro años y una multa de 22 mil dólares por cometer proselitismo en el tiempo que era candidato a la entidad antes mencionada.
Luego, llegó el turno del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien fue hallado responsable de utilizar su calidad de autoridad para hacer campaña junto a su compañera de movimiento político Luisa González en las elecciones presidenciales del 2023. Por lo cual, tuvo que pedir disculpas y pagar una multa de 9.000 dólares.
Finalmente, el pasado jueves 16 de mayo, anunció un juicio electoral contra la vicepresidenta Verónica Abad porque habría incurrido en campaña anticipada en los comicios seccionales. También, están involucrados Guillermo Churuchumbi y Francisco Suárez Abril. Todos han rechazado estos señalamientos.
