Aborto por violación se aplicaría hasta las 28 semanas de gestación en mayores de 18 años
Con seis votos a favor y cuatro en contra, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional determinó que la interrupción voluntaria del embarazo por violación en Ecuador podrá realizarse hasta las 28 semanas para mujeres mayores de 18 años y sin plazo para menores de edad y mujeres con discapacidad.
Esto como parte del análisis del informe para segundo debate, que será enviado al pleno de la legislatura.
Los asambleístas de la Comisión examinaron del proyecto de ley orgánica, presentado por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, que dispuso a esa institución preparar dicha normativa.
El nombre de la ley y el objeto fueron dos de los temas que más debate generaron en la mesa legislativa. La Comisión acordó eliminar la palabra ‘derecho’ del título de la propuesta.
Ahora se denomina Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación.
Además, se estableció que la ley tendrá como objeto garantizar, proteger y regular el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes gestantes a la interrupción legal y voluntaria de su embarazo en casos de violación.
“Garantizando sin discriminación su dignidad, autonomía y el pleno ejercicio de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales”, menciona parte del informe.
Luego vino el debate sobre la temporalidad. El asambleísta de Unión por la Esperanza (UNES), José Agualsaca, propuso que el aborto por violación puede realizarse hasta máximo 28 semanas de gestación para las mujeres mayores de 18 años y sin plazos para las menores de edad.
Esta idea recibió el apoyo de los legisladores Alejandro Jaramillo y Johanna Moreira (ID); Dina Farinango (PK); Gissela Garzón y Yhajaira Urresta (UNES).
En contra se pronunciaron Dalton Bacigalupo (ID), Segundo Chimbo y Ricardo Vanegas (PK), quienes manifestaban que la moción de Agualsaca incumple con la resolución de la Corte Constitucional, pues indican que debe existir plazos para niñas y adolescentes.
En esta sesión, la Comisión también resolvió que el personal de salud que intervenga en la interrupción del embarazo en caso de violación deberá notificar a la Fiscalía toda la información sobre el presunto cometimiento de un delito sexual contra la niña, adolescente y mujer. Para ello tendrá un plazo de 48 horas.
Al suspender la sesión, que duró más de 10 horas, el presidente de la Comisión, Alejandro Jaramillo, anunció que la revisión del articulado continuará el miércoles a partir de las 09:30.
