El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite el proyecto de Ley Antimafias, con el que se pretende desarticular a las estructuras del crimen organizado, el cual no solo se manifiesta a través de actividades como el sicariato, sino que opera como una red de poder, financiamiento, violencia, logística, corrupción e intimidación.
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El Proyecto de Ley Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, denominado “Ley Antimafias”, presentado por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, será remitido a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral.
La iniciativa sostiene que Ecuador atraviesa la crisis de seguridad más grave de su historia reciente. Según el documento, desde 2018 el crecimiento del crimen organizado ha transformado la estructura de la criminalidad nacional, llevando al país a convertirse en un nodo estratégico de la economía criminal transnacional.
Hasta 16 años de cárcel por reclutamiento para organizaciones criminales
La propuesta establece que quien reclute, capte, induzca, incorpore o entrene a una o más personas para ponerlas al servicio de una organización de delincuencia organizada podría enfrentar penas de entre 10 y 13 años de prisión.
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La sanción podría aumentar de 13 a 16 años cuando las víctimas se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Cambios a la Ley de Extinción de Dominio
El proyecto también propone reformas a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
Entre ellas, se plantea que los bienes sujetos a medidas cautelares puedan ser asignados temporalmente a entidades públicas o a organizaciones privadas sin fines de lucro para evitar su deterioro, abandono, pérdida de valor u ocupación ilegal.
La normativa aclara que esta medida sería excepcional, temporal y revocable, y que no implicará transferencia de propiedad ni generará derechos patrimoniales sobre los bienes.
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Inhabilitación para ejercer la abogacía
Otra de las reformas incluidas en la Ley Antimafias modifica el Código Orgánico de la Función Judicial.
La propuesta establece que quienes hayan sido condenados mediante sentencia ejecutoriada por delitos como delincuencia organizada, lavado de activos, cohecho, concusión, tráfico de influencias, asociación ilícita, fraude procesal, obstrucción de la justicia, testaferrismo o enriquecimiento ilícito quedarán inhabilitados para ejercer la profesión de abogado.
La prohibición se aplicaría por el mismo tiempo de la pena privativa de libertad impuesta, una vez cumplida la condena, cuando los hechos estén relacionados con el ejercicio profesional o con estructuras de criminalidad organizada.
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