Caso Goleada: Aquiles Alvarez y su familia son procesados por presunto lavado de dinero
El fiscal también pidió que se dicte prisión preventiva, pese a que un Tribunal de Pichincha ya había revocado esta medida.
El caso Goleada, en el que los principales implicados son Aquiles Alvarez y sus dos hermanos, ahora será tratado como una investigación de lavado de activos tras la reformulación de la Fiscalía General del Estado. La entidad también pretende vincular a la esposa del burgomaestre y otros parientes.
La diligencia se instaló pasadas las 09:30 de este miércoles, 13 de mayo, en el Complejo Judicial Norte de Quito de manera telemática.
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Primero, el fiscal Dennis Villavicencio reformuló los cargos. Inicialmente, el caso era tratado como una presunta trama de delincuencia organizada, pero ahora el crimen principal es el lavado de activos.
Después, de manera inesperada, el funcionario pidió que se dictara prisión preventiva contra Aquiles Alvarez y sus hermanos Antonio y Xavier.
La decisión causó molestia entre los abogados de los procesados, quienes recordaron que un Tribunal de Pichincha ya había revocado la prisión preventiva para Antonio y Xavier. De hecho, están libres. Mientras que el alcalde seguía encarcelado por otras investigaciones.
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Durante la audiencia, el fiscal expuso que el burgomaestre tuvo un incremento de su patrimonio, específicamente, en la compra de terrenos y bienes. Mientras, que a la esposa del privado de la libertad, Fiorella Ycaza, la acusó de recibir depósitos por concepto de sueldos.
De hecho, el Ministerio Público pretende vincular a Ycaza y a la madre de Alvarez, Gioconda Alvarez Henriques, quien reside en Estados Unidos. Junto a ellas también podrían ingresar al proceso tres personas más.
Con los cinco, serían 17 los implicados en la trama empresarial creada presuntamente con el fin de vulnerar las seguridades del Sistema Financiero Nacional sin levantar alertas en las instituciones de control.
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¿Qué es el caso Goleada?
Los principales sospechosos son Aquiles Alvarez y sus hermanos, Antonio y Xavier, quienes a través de sus actividades comerciales, relacionadas con la venta de combustibles, “construyeron una estructura empresarial destinada a viabilizar su giro de negocio por medio de la venta de combustible –entre distintos segmentos– para generar ganancias a partir de acciones reñidas con la Ley”, asegura el Ministerio Público.
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El grupo habría adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado por el Estado para su centro de distribución, mismo que debían despachar a embarcaciones de bandera nacional.
“Sin embargo, lo habrían desviado a embarcaciones internacionales y con esos réditos económicos, crearon empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener beneficios económicos indebidos”, indica la entidad.
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