Asamblea da paso al juicio político contra el exministro de Salud Jimmy Martin
El proceso recoge seis acusaciones, siendo la más grave la que advierte sobre una crisis estructural provocada por la escasez de medicamentos, insumos y dispositivos médicos.
El exministro de Salud Pública, Jimmy Martin Delgado, será sometido a un juicio político en la Asamblea Nacional, luego de que se aprobara este lunes una moción de calificación emitida por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
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La decisión se tomó con cuatro votos a favor, luego de que se verificara que la solicitud cumplía con todos los requisitos constitucionales.
El pedido fue presentado por los asambleístas de la bancada de Revolución Ciudadana (RC) Luis Fernando Molina, Eliana Correa y Franklin Samaniego, quienes acusan al exfuncionario de seis presuntos incumplimientos de funciones que habrían afectado gravemente al sistema de salud pública.
El CAL acogió el informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), la cual incluía las pruebas documentales disponibles y contaba con el número mínimo de firmas exigidas por la Constitución.
Las seis acusaciones contra el exministro
El proceso recoge seis acusaciones, siendo la más grave la que advierte sobre un presunto incumplimiento de funciones en el marco de una crisis estructural provocada por la escasez de medicamentos, insumos y dispositivos médicos.
La documentación presentada señala que esta situación fue verificada mediante inspecciones realizadas entre julio y octubre de 2025, en las que se constató un desabastecimiento persistente de medicinas.
Como consecuencia, muchos pacientes tuvieron que cubrir con recursos propios gastos que correspondían al Estado, lo que representó una vulneración al principio constitucional de gratuidad.
Otro de los cargos hace referencia a la baja ejecución del presupuesto del sector en el periodo 2024–2025, calificada como una falta grave y sostenida.
En 2024, el presupuesto destinado a salud descendió a USD 4.491,82 millones. Para 2025, de un monto codificado de USD 2.980,52 millones, únicamente se ejecutaron USD 1.300,09 millones, es decir, apenas el 43,6 %.
Entre los señalamientos también consta el incumplimiento en los pagos a clínicas privadas de diálisis, lo que habría puesto en riesgo directo el acceso a la salud de un grupo de atención prioritaria.
A esto se suma la deuda con prestadores de servicios externalizados, una falta que —según los informes— provocó una parálisis en la Red Pública de Salud. El atraso en los pagos alcanza hasta siete meses, afectando servicios considerados esenciales.
En el plano administrativo, el expediente cuestiona la negativa reiterada del exministro a entregar información solicitada por la Asamblea, una conducta descrita como omisiva, persistente y contraria a los deberes de transparencia y rendición de cuentas.
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También se lo acuso por no asistir a comparecencias ante comisiones especializadas, en particular a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, que lo había convocado para el 27 de agosto de 2025.
De acuerdo con el informe, este comportamiento evidenciaría una estrategia de deslealtad institucional.
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