Estado de excepción en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y el cantón Echeandía: Noboa extiende medida
A través del decreto ejecutivo No. 175, el primer mandatario renovó por treinta días adicionales la medida excepcional.
El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió un nuevo decreto con estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y el cantón Echeandía.
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A través del decreto ejecutivo No. 175, el primer mandatario renovó por treinta días adicionales la medida en las localidades señaladas, , con el objetivo de evitar un mayor escalamiento de la violencia.
Para mantener el régimen excepcional, el Gobierno señaló un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que justifica la necesidad de suspender los derechos a la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, con el fin de prevenir un aumento de nuevos delitos.
Asimismo, un informe de la Dirección de Asesoría Jurídica del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas recomendó mantener la medida, al advertir que, aunque existe una contención, los índices de violencia y criminalidad siguen siendo altos.
El documento señala que los grupos delictivos han formado nuevas alianzas, muchos mantienen sus capacidades, representan una amenaza y que el cometimiento de delitos graves ha aumentado.
Mientras que, en un informe de la Policía Nacional detalla los diferentes tipos de incidentes identificados en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, cantones de Las Naves, Echeandía de la provincia de Bolívar, y el cantón La Maná de la provincia de Cotopaxi, desde el 1 al 30 de septiembre de 2025:
Estado de excepción mantiene suspendidos derechos
Con el decreto de estado de excepción, el presidente Daniel Noboa ordenó mantener suspendido el derecho a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.
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Según el Ejecutivo, la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio a través de allanamientos busca proteger la vida, la integridad física y la propiedad de la ciudadanía, permitiendo que los organismos de seguridad actúen con mayor agilidad, optimicen recursos y reduzcan los riesgos de filtración de información durante los procedimientos.
Esta disposición posibilita inspecciones, allanamientos y requisas por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el fin de ubicar a personas pertenecientes o vinculadas a grupos armados organizados.
En cuanto a la suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia, los informes institucionales señalan que la medida busca fortalecer la acción de la fuerza pública contra el crimen organizado, facilitando la identificación, análisis y recopilación de mensajes, comunicaciones y documentos físicos.
El Gobierno aseguró que el objetivo del estado de excepción es garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de los ciudadanos.
Por último, se enfatizó que "las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción".
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