Sigue la tensión entre el Gobierno de Daniel Noboa y la Corte Constitucional. Este miércoles se conoció que el Ministerio de Energía pretendía desalojar a los jueces de su edificio en Quito, pero un día después reculó y dejó sin efecto la medida.
A través de redes sociales se difundieron documentos oficiales en los que la coordinadora administrativa de esa cartera de Estado, Nancy Uriarte , notifica a la Corte con “la terminación inmediata del Convenio de Cooperación Institucional del 26 de abril del 2019, su adenda del 12 de abril del 2022 y su renovación de 19 de abril del 2024”.
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Además, daba un plazo prudencial de un mes “improrrogable” contado a partir de la notificación del documento, para que los magistrados procedieran con el desalojo y “liberación absoluta” del edificio 'Tamagar', ubicado en la calle José Tamayo y Lizardo García, en el sector de La Mariscal.
El documento fue emitido el 19 de agosto, pero un día después, el 20 de agosto, la misma Nancy Uriarte envió un oficio a la Corte Constitucional diciendo que el documento anterior queda “insubsistente”.
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Según se lee en el oficio, el motivo de la terminación del convenio sería el acatamiento de una disposición del presidente Daniel Noboa.
“Mediante Decretos Ejecutivos No. 60 de 24 de julio de 2025 y No. 94 de 14 de agosto de 2025, se emitió el Informe Justificativo para la Liquidación del Convenio de Cooperación Interinstitucional , entre el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables hoy Ministerio de Energía y Minas y la Corte Constitucional del Ecuador”, manifiesta Nancy Uriarte.
Además, explica que existe la necesidad de centralizar las unidades técnicas, operativas y administrativas del Ministerio de Energía y Minas tras la fusión con el Ministerio de Ambiente.
También se menciona que los espacios que ocupan los funcionarios del Ministerio de Energía y Ambiente están en su máxima capacidad, por lo que se requieren nuevos edificios.
La noticia llega en medio de un ambiente de tensión entre el Gobierno y la Corte Constitucional, luego de que el presidente Daniel Noboa convocó a una marcha en contra del alto tribunal , que hace dos semanas suspendió el efecto de algunos artículos de las polémicas leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública, recientemente aprobadas por el Legislativo, controladas por el oficialismo.
Entre esos artículos figuran el que le confiere al mandatario prerrogativas como el “indulto anticipado” a policías y militares, así como un sistema de inteligencia que permite a agentes encubiertos tener identidades falsas y obtener de las empresas de telefonía móvil información sobre sus usuarios.
Para Noboa, estas normas son cruciales para frenar la crisis de seguridad y violencia que atraviesa el país , pero han sido ampliamente rechazadas por organizaciones sociales, sindicatos y defensores de los derechos humanos, quienes interpusieron decenas de demandas de inconstitucionalidad .
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk , entre otros, rechazaron los “ataques” y “hostigamientos” que recibió la Corte Constitucional y llamaron al Gobierno a respetar la independencia judicial.