RC y PSC no reúnen votos suficientes para archivar el informe sobre Caso Triple A, por el que Aquiles Alvarez es investigado
Solo cuatro de los nueve integrantes de la comisión legislativa respaldaron el pedido para archivar el informe en torno al caso que involucra al alcalde de Guayaquil, por lo que no se dio paso a ello.
Una moción para archivar el informe sobre la investigación en la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional en torno al Caso Triple A, que investiga un presunto delito de tráfico de combustible e involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, fue rechazada este jueves tras no registrarse los votos suficientes.
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El pedido fue elevado por el asambleísta Leonardo Berrezueta de la bancada Revolución Ciudadana (RC), quien consideró que al haber transcurrido más de siete meses desde el abordaje del caso por parte de la mesa legislativa sin que se haya solicitado una prórroga, en un supuesto desacato al Reglamento de Comisiones, habría acabado el plazo para el tratamiento del documento de fiscalización.
La moción contó con votos a favor de Berrezueta y los asambleístas Alexandra Arce (RC), Otto Vera (Partido Social Cristiano) y Alexandra Castillo (Partido Social Cristiano). Xavier Jurado, Diego Matovelle e Inés Alarcón, de la bancada oficialista ADN, se opusieron, y Rafael Dávila (Avanza) y Sandra Rueda (Construye) se abstuvieron.
Es decir, solo cuatro de los nueve integrantes de la comisión legislativa respaldaron el pedido para archivar el informe, por lo que no se dio paso a ello.
Berrezueta había considerado como "extraño" que múltiples sesiones para revisar el informe se hayan suspendido y reprochó que “lo único que se ha hablado estos meses es de la empresa Copedesa y del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez”. “¿No es acaso un tema direccionado? Pero, en los últimos tiempos, yo no he oído una sola vez que se haya nombrado el caso de la empresa Petronoboa (uno de los negocios familiares del mandatario Daniel Noboa)”, agregó.
Inés Alarcón, quien preside la comisión, argumentó que no existe un plazo determinado el proceso y dijo que Berrezueta interpretó de forma incorrecta el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el cual determina un plazo para el inicio de una investigación cuando lo dispone el Pleno de la Asamblea o el Consejo de Administración Legislativa (CAL). En este caso, ello no aplica porque la investigación fue dispuesta por la propia comisión.
Caso Triple A
La investigación, denominada como Caso Triple A, nació de una denuncia que presentó en julio de 2024 la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables del Gobierno de Daniel Noboa.
Tras la denuncia, el Ministerio Público allanó varias oficinas de estaciones de servicios pertenecientes a la compañía Copedesa, de Álvarez y su familia, y meses después procesó a cinco personas y a cinco empresas por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.
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Según la Fiscalía, estas compañías habrían incurrido en una presunta distribución irregular de combustibles, que habría causado perjuicios económicos al Estado.
Pero el pasado sábado 22 de febrero, se conoció que el Ministerio Público también pidió una audiencia para vincular a 10 personas más en el caso, incluido Aquiles Alvarez, quien asegura que el proceso es una persecución política.
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