La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional avocará conocimiento este jueves sobre dos de los principales frentes relacionados con el denominado caso Progen: la investigación sobre la ruta del dinero de los contratos para generación eléctrica y el juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
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La convocatoria fue anunciada por el presidente de la comisión, Ferdinan Álvarez, quien confirmó en un encuentro con periodistas que la mesa legislativa revisará formalmente ambos procesos durante la sesión prevista para la tarde del jueves.
El primero corresponde a la investigación impulsada por la Asamblea para rastrear el destino de los recursos desembolsados por el Estado ecuatoriano a la empresa estadounidense Progen, en el marco de los contratos suscritos durante la crisis energética.
La Fiscalía investiga este caso por el presunto delito de peculado, mientras que indagaciones abordan una compleja red de movimientos bancarios realizados poco después de los pagos provenientes del Estado.
Según la información expesta por autoridades del Gobierno y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), los recursos habrían salido de cuentas vinculadas a Progen en menos de una semana mediante cerca de 700 transferencias internacionales dirigidas a 29 empresas y otros beneficiarios naturales.
El Pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad que la Comisión de Fiscalización realice esta indagación. Una vez iniciado el proceso, la mesa legislativa dispondrá de 30 días para elaborar un informe que será remitido tanto al Pleno como a la Contraloría General del Estado.
Juicio político contra la exministra Inés Manzano
En la misma sesión, la comisión continuará el trámite del juicio político contra la exministra Inés Manzano, quien dirigió el Ministerio de Energía entre octubre de 2024 y abril de 2026.
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La solicitud fue presentada por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, de la bancada de la Revolución Ciudadana, y ya fue calificada por la Comisión de Fiscalización durante la sesión N.° 51, realizada el pasado 26 de junio.
Aunque Manzano no figura entre los procesados penalmente dentro del caso Progen, su gestión es objeto de cuestionamientos por el manejo posterior de los contratos.
La exministra ha sostenido públicamente que no participó en la negociación ni en la adjudicación de los contratos con Progen, al señalar que estos fueron suscritos antes de asumir el cargo.
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La investigación que los equipos adquiridos para enfrentar la emergencia eléctrica no eran nuevos y nunca llegaron a operar, mientras que el perjuicio económico para el Estado se estima en aproximadamente USD 104 millones.
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