La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, durante la Sesión N.º 51 realizada este viernes 26 de junio, avocó conocimiento y calificó la solicitud de enjuiciamiento político presentada en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano Díaz.
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Al respecto, la mesa legislativa, presidida por Ferdinan Álvarez (ADN), informó que la decisión se adoptó tras verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Con esta decisión, la Comisión dispone la continuación del trámite conforme al procedimiento y a los plazos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, garantizando el debido proceso y el respeto a las normas que regulan el control político.
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Asimismo, la Comisión de Fiscalización enfatizó "su compromiso con una labor técnica, objetiva y responsable".
Acotó que, cada actuación se sustenta en el cumplimiento de la ley, el análisis de los hechos y la revisión de la documentación correspondiente.
"La fiscalización se ejerce con datos, documentos y procedimientos; no con relatos", concluyó la mesa legislativa.
¿Por qué impulsan el juicio político contra Inés Manzano?
El pedido de juicio político, impulsado por los asambleístas del movimiento Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, está relacionado con el denominado caso "Apagón", conocido públicamente como caso Progen, en el que la Fiscalía investiga un presunto delito de peculado derivado de los contratos suscritos para la adquisición de equipos de generación eléctrica.
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Aunque Inés Manzano no figura entre los procesados, su gestión al frente del Ministerio de Energía —cargo que ocupó entre octubre de 2024 y abril de 2026— ha sido cuestionada.
Las investigaciones señalan que los generadores suministrados no eran nuevos y nunca llegaron a entrar en operación, lo que habría ocasionado un perjuicio económico estimado en USD 104 millones para el Estado.
Por su parte, Manzano ha sostenido públicamente que no participó en la negociación ni en la adjudicación de los contratos con Progen, argumentando que estos fueron suscritos antes de que asumiera el ministerio.
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