El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional dio inicio este miércoles al trámite de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, por un presunto incumplimiento de funciones.
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La decisión fue adoptada por unanimidad, luego de que el organismo conociera un informe técnico-jurídico no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa que concluyó que la solicitud presentada por los asambleístas del movimiento Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, cumplía con los requisitos establecidos en la ley.
Según informó la Asamblea Nacional a través de un comunicado difundido en redes sociales, la presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, deberá remitir en un plazo máximo de tres días la solicitud de enjuiciamiento político al presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político.
Posteriormente, esa mesa legislativa tendrá cinco días para avocar conocimiento del proceso y verificar que la solicitud se ajuste a lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución.
El proceso se da en medio de las investigaciones por el caso Progen
El inicio del juicio político coincide con las investigaciones que impulsa la Fiscalía General del Estado por presuntas irregularidades en los contratos de emergencia suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa estadounidense Progen.
El caso, denominado por el Ministerio Público como "Apagón", pero conocido mediáticamente como "Progen", investiga un supuesto delito de peculado relacionado con la contratación de generadores eléctricos destinados a enfrentar la crisis energética que atravesó el país.
Las investigaciones señalan que los equipos suministrados no eran nuevos y nunca llegaron a entrar en operación, lo que habría ocasionado un perjuicio económico estimado en USD 104 millones para el Estado.
Hasta el momento, 21 personas han sido procesadas penalmente, entre ellas el exministro de Energía Antonio Gonçalves.
Aunque Inés Manzano no figura entre los procesados, su gestión al frente del Ministerio de Energía —cargo que ocupó entre octubre de 2024 y abril de 2026— ha sido cuestionada.
La exfuncionaria ha sostenido públicamente que no participó en la negociación ni en la adjudicación de los contratos con Progen, argumentando que estos fueron suscritos antes de que asumiera el ministerio. Además, ha reiterado su disposición a colaborar con las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía.
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Tras la decisión del CAL, el proceso de juicio político entra en su etapa inicial y ahora corresponderá a la Comisión de Fiscalización determinar si existen méritos para avanzar hacia un eventual enjuiciamiento en el pleno de la Asamblea Nacional.
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