Alcaldes del Guayas reportan contratos con el Estado e incrementos patrimoniales

Seis alcaldes de Guayas han tenido cambios patrimoniales importantes, uno de ellos lo aumentó en USD 800 mil, en tanto que otros enfrentan juicios o han obtenido millonarios contratos.

Los patrimonios de 15 de los 25 alcaldes de la provincia de Guayas crecieron tras asumir sus funciones en 2023, seis de ellos con aumentos inusuales, siendo el máximo USD 800 mil. Las autoridades seccionales de esta provincia, que cuenta con 4,3 millones de habitantes, también registraron procesos penales, en nueve casos, tres de ellos vigentes, según los registros del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (e-Satje).

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Además, diez alcaldes mantienen relación activa con empresas inscritas en la Superintendencia de Compañías. Es el caso del flamante prefecto Carlos Encalada Villacís, quien aún consta vinculado a seis empresas. Encalada reemplaza desde el 14 de mayo a Marcela Aguiñaga (exRC), tras su renuncia un año antes de terminar el periodo para el que fue elegida.

En esta provincia, dos cantones tienen autoridades subrogantes y designadas ante la falta de sus alcaldes titulares. Se trata de Guayaquil, donde Tatiana Coronel asumió la función porque Aquiles Álvarez se encuentra detenido desde el 11 de febrero pasado; y en Nobol, donde María Belén Candado Veliz reemplazó a Marvin Salas, fallecido en septiembre de 2025.

En Guayas, tres dignidades no han presentado su declaración de impuesto a la renta, al menos una vez, en los últimos siete años, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), mientras que las compañías de dos funcionarios han mantenido contratos con el Estado.

Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Vistazo y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Lab para difundir la información.

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Entre los alcaldes con marcados crecimientos en sus patrimonios constan los de Naranjito, Naranjal, Marcelino Maridueña, Guayaquil, El Triunfo y Simón Bolívar. Los valores que reportaron en sus declaraciones de inicio de gestión contrastan con las de años posteriores, según los registros de la Contraloría General del Estado.

Por ejemplo, el formulario patrimonial del alcalde de Naranjito, Cristian Suárez Peñafiel, tenía todos los casilleros con valores en cero dólares en 2023. Dos años después, en 2025, reportó USD 637.076 e incluyó entre sus bienes cuatro carros por USD 120.000, dos de ellos comprados en USD 45.000 cada uno, el mismo día, el 23 de octubre del 2023.

Entre sus bienes inmuebles, registró tres casas valoradas en USD 258.362, dos en Guayas y una en Santa Elena. Como única deuda constan USD 12.150 de la tarjeta de crédito a nombre de Suárez Peñafiel.

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Electo por el Partido Social Cristiano (PSC), Cristian Suárez, médico de 48 años, no registra compañías y no tiene Registro Único de Contribuyente (RUC) en el SRI. En su formulario del 2024 declaró haber recibido USD 250.000 por concepto de “derechos fiduciarios, de propiedad intelectual o por herencias”. Spondylus Lab le preguntó una versión al respecto pero no obtuvimos respuesta.

De su lado, el alcalde de Naranjal, Juan Carlos Rivera Gutiérrez, comerciante de 46 años, también registra un incremento patrimonial desde que llegó a esa dignidad en 2023 auspiciado por el movimiento Creando Oportunidades (CREO) . El cantón es uno de los más violentos del país con una tasa de muertes violentas de 152,71 por cada cien mil habitantes en 2025.

En 2023, Rivera declaró un patrimonio por USD 1.027.026 y que en 2025 se incrementó a USD 1.871.650, según la Contraloría. Entre sus bienes incluyó 27 propiedades, diez de las cuales fueron adquiridas en 2024.

Mientras que sus deudas, por USD 370.157, comprenden un préstamo hipotecario por USD 332.072, un préstamo personal y su tarjeta de crédito. En 2024 el alcalde compró tres fincas, dos terrenos, tres lotes, un solar y una propiedad, valoradas en USD 452.384. Todas adquiridas el 3 de junio del 2024, de acuerdo con el formulario de Contraloría.

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En los registros de la Superintendencia de Compañías no consta que el alcalde tenga empresas y en el SRI tampoco consta inscrita alguna actividad comercial, solo el pago de impuesto de USD 8.178 en 2025. Aunque se le envió un mail con preguntas, no fueron respondidas hasta el cierre de esta publicación.

En Guayaquil, también registra un aumento patrimonial la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, economista de 34 años. A la Contraloría le reportó bienes por USD 986 el 16 de mayo de 2023 cuando asumió como concejala, en tanto que en octubre de 2024 su declaración registró el valor negativo de USD 1.842.

No obstante, en el formulario periódico de 2025 reportó un patrimonio de USD 53.591 que comprendía un departamento valorado en USD 54.991. Entre sus deudas solo constan valores por su tarjeta de crédito. El inmueble fue adquirido el 1 de mayo del 2025. Para esta investigación se le envió consultó al respecto, pero no respondió.

Del Movimiento Renovación Total (RETO), Tatiana Coronel reemplazó desde el 11 de febrero de este año a su coideario, el alcalde Aquiles Álvarez, investigado por varios delitos y actualmente detenido en la Cárcel del Encuentro. La Fiscalía acusa a Aquiles Álvarez de lavado de activos, por introducir en el sistema financiero las ganancias por la venta ilegal de combustibles.

A diferencia de Coronel, el patrimonio de Álvarez retrocedió durante su periodo de alcalde. Pasó de USD 7,7 millones en 2023 a USD 7,4 millones en 2025, una disminución de alrededor de USD 300 mil. Álvarez declaró no tener bienes inmuebles. Sin embargo, informes de la UAFE del caso llamado Goleada, señalan que habría adquirido USD 6,2 millones en bienes, terrenos en Santa Elena y departamentos en Samborondón.

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En su declaración de bienes del 2023, cuando asumió el cargo, Álvarez incluyó tres carros, por USD 5.259, USD 63.996 y USD 120.000. No obstante, no mencionó un vehículo Mercedes Benz G 500 del año 2023 valorado en USD 325.000 que aún sigue a su nombre. Ninguno de los carros fue registrado en los formularios patrimoniales de los años siguientes.

El capital del reelecto alcalde del cantón Marcelino Maridueña también aumentó en su gestión. El patrimonio de Pedro Orellana Ortiz, abogado de 54 años electo por la coalición Partido Social Cristiano (PSC)-Movimiento Madera de Guerrero, pasó de USD 168.077 en 2023 a USD 225.125 el año pasado. Su patrimonio en 2019, en su primera administración, se ubicó en USD 134.226.

De su lado, la alcaldesa de El Triunfo, Mabel Tenezaca López, electa por la Revolución Ciudadana, pasó de tener USD 61.105 cuando se posesionó en el cargo a USD 111.320 dos años después. Entre sus bienes consta una casa en Guayas valorada en USD 25.000 y adquirida el 1 de marzo del 2025, lo que fue confirmado por la alcaldesa.

“Dicho incremento corresponde principalmente a la adquisición de una vivienda durante el año 2025, que fue incorporada de manera legal, registrada y oportunamente declarada ante los organismos competentes”, señaló Tenezaca en un escrito para este reportaje.

La alcaldesa agregó que sus declaraciones patrimoniales incluyen “tanto los activos como las obligaciones financieras vigentes relacionadas con dichos bienes”.

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También electa por la RC, la alcaldesa del cantón Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, presentó su formulario de bienes con el valor negativo de USD 3.390 en el 2023, monto que en 2025 se convirtió en positivo y alcanzó los USD 139.014. En su declaración de 2023 consta el valor de USD 110 de un inmueble, cifra que atribuye a “errores de digitación que fueron posteriormente corregidos y reportados ante la Contraloría”.

“Una vivienda adquirida en 2018 fue registrada por USD 110 cuando su valor correcto es USD 110.000. Asimismo, la deuda hipotecaria asociada a ese inmueble ya constaba en la declaración inicial y continúa vigente, con un saldo menor, debido al pago normal del crédito”, argumentó en su respuesta enviada a Spondylus Lab, María Fernanda Vargas, una de las pocas autoridades seccionales que respondió a los pedidos de contrastación enviados.

Dos de los 25 alcaldes de Guayas son objeto de investigación por parte de la Fiscalía, en casos que son de conocimiento público. El alcalde de Guayaquil acumula cuatro causas, dos de ellas en la etapa de instrucción fiscal, uno en juicio y otro en solicitud de archivo.

Alvarez fue llamado a juicio en el caso Triple A, por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles en la frontera sur, un proceso iniciado en julio del 2024 y que involucra a 16 personas y seis empresas. Según la Fiscalía, las empresas del alcalde habrían desviado el diésel subsidiado vendiéndolo a otros a precio de mercado, lo que habría provocado un perjuicio al Estado de USD 100 millones. Luego, la Fiscalía abrió la investigación conocida como Goleada, ahora en etapa de instrucción fiscal, por el presunto delito de lavado de activos y que se deriva del caso inicial de la venta ilegal de diésel.

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A raíz del caso Goleada, en el allanamiento a su vivienda en una urbanización de Samborondón, el 10 de febrero de 2026, la Policía declaró que el alcalde no portaba el grillete, por lo que ahora se lo investiga por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, proceso que está en etapa de instrucción fiscal.

La justicia también lo investigaba por una denuncia de peculado presentada en septiembre del 2024 por el dirigente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, Christian Sarmiento, y que tenía como sustento un informe de Contraloría sobre el contrato firmado en 2022 entre la ATM y la empresa STG encargada de recaudar los ingresos del sistema de la Metrovía. El caso se encuentra en proceso de archivo, pues Sarmiento y otros denunciantes de la Fetug presentaron escritos con su “desistimiento voluntario”.

Otro caso es el de la alcaldesa de Yaguachi, Viviana Olivares Coll, electa por el movimiento Revolución Ciudadana, cuyo proceso está en proceso de archivo. Se trata de una denuncia cuando se desempeñaba como presidenta del GAD parroquial Virgen de Fátima, presentada por Lorena Benalcázar, una exjueza que el 27 de abril del 2022 la acusó de una supuesta intimidación y amenazas.

La Fiscalía pidió el archivo del caso, que está pendiente, por no haberse obtenido “elementos suficientes para formular cargos”.

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Entre los alcaldes del Guayas, dos han recibido contratos públicos. Se trata de Luis Chonillo Breilh, de Durán, quien administra desde el extranjero la sexta ciudad más poblada del Ecuador. Chonillo ha estado vinculado a ocho empresas, en cuatro como accionista actual, entre ellas Poligráfica C.A., una compañía que ha recibido 14 contratos desde 2023 hasta la fecha.

Poligráfica C.A., una empresa tradicional guayaquileña y que es de la familia de Chonillo. obtuvo contratos por USD 19,4 millones con el Ministerio de Educación, según los datos del Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop. La mayoría de las adjudicaciones se dio para la impresión de libros, adhesivos vehiculares y otros documentos.

Las empresas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también figuran como contratistas del Estado. La compañía Gasgrupco S.A. obtuvo dos adjudicaciones por un total de USD 453.600 en diciembre de 2023, de parte de las municipalidades de Salinas y de Durán. Ninguno de los alcaldes respondió el cuestionario sobre sus contratos, enviado por el equipo de Spondylus Lab.

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